"La formación en perspectiva de género tendría que ser obligatoria para todos los jueces": el debate sobre el tratamiento judicial a las víctimas

Enfrentarse al cuestionamiento, a la violencia institucional o sufrir comentarios que revictimizan a las víctimas son algunas de las piedras en el camino que se han encontrado mujeres con las que hemos hablado y demostrado que aún hay conductas procesales que se deben desterrar. "Me han llegado a decir que si hubiera abortado hubiera evitado muchas cosas o que parece que me gustan estos tíos", o "te engulle la situación porque es muy frustrante que te archiven denuncias" son algunos de los testimonios que hemos recabado. Por ello, nos preguntamos por las herramientas que existen en los tribunales para que la llamada violencia institucional no dé la cara o por la formación en perspectiva de género que reciben los magistrados y magistradas.

"Es una formación que se ha convertido en todo un clamor por la sociedad en su conjunto, especialmente desde 2018 con la sentencia de La Manada y, antes, por el caso de Ángela González Carreño cuya hija, Andrea, fue asesinada por su propio padre a pesar de haber sido denunciado más de 50 veces", relata Lucía Avilés, magistrada, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Recientemente, se ha reabierto el debate sobre la formación en perspectiva de género de los magistrados tras el duro interrogatorio del juez Carretero a la actriz Elisa Mouliáa en el caso Errejón: "Mientras sigan existiendo ejemplos de mala praxis habrá que continuar cerrando filas por un adecuado trato a las víctimas que las proteja y vean en el sistema judicial una garantía de respeto de sus derechos".

Desde 2019, es obligatorio para los jueces que quieran adquirir una especialidad hacer un curso de 50 horas en perspectiva de género. "Se imparte por módulos que corresponden a cada jurisdicción, está la civil, la penal, la contencioso-administrativa y la social", explica Julián Sánchez Melgar, coordinador del módulo penal de este curso, magistrado del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado.

Reportaje EP167 | Jueces, tetas y entrepiernas

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Este curso obligatorio para especializarse se incluye en el programa de formación continua de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial. Lo han realizo 1.727 jueces y juezas desde 2020, a fecha del 28 de enero de 2025. 1.727 magistrados de casi 5.500 que hay en todo el país. "Consta de una parte teórica, en la que abordamos unos temas sobre aspectos sustantivos de la violencia de género, los tipos penales que se aplican en la violencia de género y cuestiones relativas a las medidas de protección de las víctimas", señala Sánchez Melgar, "y la formación práctica suele ser dictámenes jurídicos que el alumnado elabora en base a unos casos sacados de la realidad, tenemos una batería de test y un foro jurídico de debate".

"En el caso de los juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos tienen una formación específica obligatoria", especifica Lucía Avilés. En este caso, es un curso de 100 horas que han hecho 70 miembros de la carrera judicial desde 2020. En España hay actualmente 116 Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, es decir, solo ven este tipo de asuntos. Por otro lado, existen 328 juzgados compatibles, tienen competencias transferidas sobre estos casos, pero también se encargan de otros. En estos últimos juzgados, los también llamados mixtos, no se exige una formación específica como en los exclusivos: "La formación en género tendría que ser obligatoria transversal. No solo para los jueces y juezas de base, sino para toda la carrera judicial, en todos los órdenes jurisdiccionales y en todas las instancias".

Aun así, Lucía Avilés destaca que en el plan de formación continua hay varios cursos voluntarios: "Tenemos la comunidad virtual de igualdad y violencia de género, hay encuentros concretos entre juzgados de violencia de género, de lo penal, de Audiencias Provinciales. Igualmente, se imparte un curso sobre el marco jurídico de la Unión Europea en materia de igualdad". La magistrada recuerda que en el plan de formación continua del Consejo General del Poder Judicial hay algunos cursos que son monográficos de materias concretas y otros generales. El año pasado, se incluyó una nueva actividad, "Actualización del curso de formación continua con perspectiva de género", que ya han hecho 138 jueces y juezas.

Además, el CGPJ ha aprobado crear una red de especialistas en igualdad que estará compuesta por 30 magistrados: "Tendrá una estructura por materias con la finalidad de prestar una asistencia técnica al resto de jueces y juezas. Y para crear una guía de enjuiciamiento en perspectiva de género".

Violencia económica y cursos abiertos a los nuevos conceptos

"Los temas de los cursos se hacen cada año por eso procuramos ampliarlos con los aspectos más novedosos y las últimas tendencias que hayan en relación con la violencia de género", explica Sánchez Melgar. Conceptos como la violencia económica en los que se está trabajando, en especial tras la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Se basa sobre tres grandes pilares: la violencia digital, la vicaria y la económica", resalta Lucia Avilés.

Sobre esta última, la violencia económica, ambos magistrados cuentan que se da cuando el agresor quiere controlar a la víctima y hacerla dependiente "por medio del sabotaje laboral, la apropiación indebida de sus bienes o su administración desleal". "Un ejemplo sería cuando se produce el impago de pensiones. Está tipificado como delito en el Código Penal, pero si ese impago se produce deliberadamente, alzando bienes para eludir el pago de la pensión, debe considerarse como violencia económica", aclara Sánchez Melgar. La magistrada Lucía Avilés dice que su regulación es muy neutra y está descontextualizada. Por eso, ella misma presentó en 2021 una iniciativa legislativa judicial para tipificar en el Código Penal la violencia económica que ya está reconocida como una forma más de violencia machista.

En cuanto a otros aspectos, como la revictimización de la víctima o la creencia de que tarda tanto en denunciar porque "no es tan grande el daño que ha sufrido", los magistrados apelan a la responsabilidad de los jueces y juezas en sus interrogatorios y respetar el proceso de recuperación de la mujer, "a un ritmo muy diferente al que avanza el proceso penal"