"La presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo": Montero matiza su crítica a la sentencia de Alves

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reafirmó este lunes su postura respecto a la sentencia absolutoria del futbolista Dani Alves, que calificó como una "vergüenza". En un mensaje en redes sociales, aseguró que no aceptará "lecciones ni tergiversaciones del PP" y defendió su derecho a cuestionar el trato que reciben las víctimas de agresiones sexuales en el sistema judicial.

Las declaraciones de Montero surgieron tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que absolvió a Alves de un delito de violación. Durante el Congreso Provincial del PSOE en Jaén el pasado sábado, la vicepresidenta criticó que "todavía se cuestione el testimonio de una víctima" y que "se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos".

Ante la polémica generada, Montero matizó sus palabras este lunes, aclarando que su intención no era cuestionar la presunción de inocencia, sino denunciar que muchas víctimas de violencia machista son sometidas a un escrutinio excesivo. "Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo", afirmó en su cuenta de X.

Respuesta de la oposición y del ámbito judicial

Las declaraciones de la vicepresidenta generaron fuertes críticas desde el Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que Montero "no está en condiciones de ser la número dos del Ejecutivo" y la acusó de poner en duda principios fundamentales del Estado de derecho. En respuesta, la ministra arremetió contra el PP, señalando que es el menos apropiado para hablar sobre respeto institucional.

Pero las reacciones no se limitaron al ámbito político. Las siete asociaciones de jueces y fiscales emitieron un comunicado conjunto en el que exigieron "responsabilidad institucional" a los representantes públicos. En el documento, recalcaron que las sentencias "se dictan tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente". También hicieron un llamado a respetar la independencia judicial y la presunción de inocencia, advirtiendo que cuestionar estos principios "puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios".