Las universidades sin los mínimos de calidad están en las comunidades del PP

Madrid

Donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ve un pulmón económico, el gobierno de Pedro Sánchez ve un peligro para la calidad universitaria. No es una guerra entre administraciones pero, al final, todo es política. Y esa misma política es la que ha permitido hasta ahora que afloren centros privados de educación superior sin contar con las mínimas exigencias de calidad contempladas en la legislación. Madrid se lleva la palma. Es la comunidad autónoma con mayor crecimiento de la universidad privada. 13 centros en los últimos 8 años. 13 privadas frente a 6 públicas. Pero al carro se han sumado también otras comunidades gobernadas por el PP. Andalucía, Galicia, Extremadura, Canarias.

Según datos del ministerio, en los últimos cinco años, se han aprobado nueve universidades privadas, nuevas en España. Tres de ellas con el criterio en contra de los técnicos del propio ministerio y de la Conferencia General de Política Universitaria. Informes preceptivos que nunca han sido vinculantes y a los que el gobierno, con su reforma, quiere añadir otro informe más, éste sí vinculante, de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación o de las agencias de evaluación autonómicas.

Se trata de la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo de Málaga, UTAMED, un caso especialmente llamativo porque detrás de los impulsores se encontraba el exconsejero de Educación de Moreno Bonilla, Javier Imbroda, fallecido en 2022. Imbroda fue fundador del Instituto de Formación Profesional Medac junto a otros dos empresarios. UTAMED está impulsada por este instituto y por el grupo Vocento.

El segundo caso es el de la madrileña Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología UDIT, con un patrón político similar al del caso andaluz. Este centro está vinculado a la actual consejera de economía de Ayuso, Rocío Albert, que fue viceconsejera de educación en 2019 cuando se iniciaron los trámites de UDIT, universidad de la que fue vicepresidenta académica. En este caso, UDIT no solo se aprueba con el informe en contra del ministerio. También de la propia consejería madrileña, del Consejo Universitario de Madrid y de la Fundación Madri+d.

El tercer caso, también se aprueba bajo un gobierno autonómico del Partido Popular: la Universidad Tecnológica de Canarias, Tech. Un centro online cuya sede administrativa está en Andorra, a más de 2700 kilómetros de Tenerife. Los técnicos del ministerio emitieron en 2023 un informe muy desfavorable y el proyecto fue tumbado bajo el gobierno del ex presidente canario, del PSOE, Ángel Víctor Torres. Se reactivó con la llegada de Coalición Canaria a las islas y con el apoyo del Partido Popular, socio clave en la investidura de Fernando Clavijo.

A las nueve universidades privadas ya autorizadas, entre ellas estas tres con informes en contra, los cambios del decreto del gobierno no les van a afectar aunque sí tendrán que pasar las diferentes evaluaciones de calidad que les correspondan, evaluaciones de las que se encargan las respectivas comunidades autónomas. Y vendrán más. Ahora mismo el panorama de la privada está en plena ebullición. Según Comisiones Obreras, el ministerio tienen sobre la mesa más de una veintena de peticiones de creación de nuevos centros, todos de titularidad privada. Peticiones que afectan a comunidades bajo gobiernos populares: Galicia, Andalucía, Extremadura (que ha comenzado la tramitación de la que será su primera universidad privada), Baleares y más en Madrid. En la comunidad de Ayuso esperan entrar en esa lista dos centros que hasta ahora estaban adscritos, uno a la Complutense, otro a la Universidad Rey Juan Carlos. En estos casos, también van a cambiar las reglas del juego. Estos centros adscritos necesitarán de nuevos informes si quieren convertirse en universidades al uso.