Más de medio centenar de periodistas respaldan a los profesionales investigados por informar de la causa abierta por la filtración del novio de Ayuso

Madrid

Más de medio centenar de periodistas especializados en información judicial han suscrito un comunicado en apoyo a los cuatro compañeros de El País, El Mundo y el diario 20 Minutos que están siendo investigados en el juzgado de instrucción número 20 de Madrid por haber informado de la causa abierta por la filtración de datos supuestamente confidenciales del novio de Ayuso.

Los firmantes respetan la "independencia judicial" y muestran su "convicción" de que los periodistas, como cualquier otro colectivo, "están sometidos a la ley y a la Justicia", pero a renglón seguido subrayan que no comparten "la apertura de investigaciones que pueden afectar gravemente al derecho de la sociedad a una información veraz sobre procedimientos judiciales de enorme trascendencia social e institucional".

El documento recuerda que el origen de la causa está en las quejas del Fiscal General y de la Fiscal Provincial que están siendo investigados en este caso, así como por la queja de Alberto González Amador, pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Unas quejas que iban dirigidas a las partes del proceso y no a los periodistas que gozan del secreto profesional: "una garantía frente a las injerencias del Poder que intente disuadirnos de cumplir con nuestra función constitucional de transmitir información veraz", subrayan.

Los periodistas advierten de que con este tipo de investigaciones "tanto los profesionales como sus fuentes de información padecerán el efecto disuasorio que los tribunales internacionales, europeos y españoles han considerado extremadamente perjudicial para las sociedades democráticas".

Este comunicado se ha remitido a la Presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, al Presidente del Tribunal de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, y a la Decana de los Juzgados de Madrid, María Jesús del Barco.

El texto íntegro firmado por más de medio centenar de periodistas especializados en información judicial

Los periodistas abajo firmantes hemos tenido conocimiento de que el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ha abierto diligencias previas dirigidas contra profesionales de los medios de comunicación a los que se atribuye indiciariamente un delito de revelación de secretos del artículo 199 del Código Penal. Estos procedimientos derivan de la publicación de documentos relevantes para la opinión pública procedentes de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa provincial de Madrid también por revelación de secretos, después de las quejas formuladas por las defensas de los investigados y de la acusación particular.

Quienes suscriben este comunicado quieren manifestar su pleno respeto a la independencia judicial y su convicción de que los periodistas, como todos los ciudadanos, estamos sometidos a la ley y a la Justicia. Pero no podemos compartir la apertura de investigaciones que pueden afectar gravemente al derecho de la sociedad a una información veraz sobre procedimientos judiciales de enorme trascendencia social e institucional.

Si los periodistas que se han limitado a cumplir con su deber constitucional de difundir informaciones debidamente contrastadas en un asunto de indudable interés público se ven sometidos a investigaciones penales por ejercer su oficio, amparado por el artículo 20 de la CE, tanto ellos como sus fuentes de información padecerán el efecto disuasorio (‘chilling effect’) que los tribunales internacionales, europeos y españoles han considerado extremadamente perjudicial para las sociedades democráticas.

Asimismo, queremos subrayar que las quejas remitidas al magistrado instructor del Tribunal Supremo, D. Ángel Hurtado Adrián, invocan el artículo 466.2 del CP o el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que conciernen a las partes del proceso judicial o a funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y no a los profesionales de los medios de comunicación, amparados por el secreto profesional que consagra la Constitución Española. Una garantía frente a las injerencias del Poder que intentase disuadirnos de cumplir con nuestra función constitucional arriba referenciada.

Por último, queremos reivindicar la independencia, profesionalidad y honestidad de los compañeros investigados y de los que pudieran verse en la misma situación en fechas futuras, dado que son múltiples los medios que vienen publicando de igual forma el contenido de la causa mencionada.