El Rancho Izaguirre y la sombra del narcotráfico en México: el precio de la lucha contra los cárteles en la era Trump

Madrid

Capos extraditados, centros de reclutamiento de sicarios y madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, exponiéndose a las represalias del narco y los intentos de descrédito por parte de las autoridades. México tiene en el narcotráfico su principal problema y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha impactado de lleno en esta lucha. Mientras Claudia Sheinbaum, la actual presidenta, firmaba un acuerdo histórico con el que extraditó a Estados Unidos a varios capos de la droga para apaciguar al magnate y su amenaza de aranceles, se hacía evidente que el país azteca tiene por delante una larga lucha contra el crimen y la impunidad. El escándalo del Rancho Izaguirre es el ejemplo más crudo de una contradicción difícil de resolver.

El trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum de cara al exterior está dando sus frutos y cumpliendo con las demandas de Trump. Un ejemplo de ello es la última lista de los 29 narcotraficantes de alto perfil extraditados desde México a los Estados Unidos, un movimiento sin precedentes en la política mexicana y que, según José Luis Montenegro, periodista especializado en seguridad, crimen organizado y política mexicana, “podría ser de gran ayuda para las autoridades estadounidenses para conocer más sobre los cárteles de la droga”.

Montenegro da varios nombres clave que forman parte de esta lista y que, a su vez, están relacionados con grandes cárteles mexicanos. Este es el caso de Ángel Triviño Morales, que fue líder de Los Zetas, una de las organizaciones más temidas en la historia del narcotráfico mexicano, ya extinta, y tras la cual estos dos sujetos crearon “el Cártel del Noroeste, que está generando mucha violencia en algunos estados”. Otro capo destacado es José Ángel Canobbio Inzunza, apodado ‘El Güero’ o ‘El 90’, quien “controlaba un grupo armado conocido como ‘Los Chimales’, que realizaba tareas de protección para ‘Los Chapitos’ (facción del Cártel de Sinaloa controlada por los hijos del Chapo Guzmán)”. Por último, el periodista destaca a Antonio Oseguera Cervantes, principal operador logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación y hermano del líder de este grupo criminal. Todos ellos podrían dar información sobre “cómo está la estructura en el interior de los cárteles”.

Precisamente este último cártel “es uno de los más poderosos actualmente en México, ya que no solamente han contado con el delito de tráfico de drogas, sino que se han expandido a otros como el tráfico de órganos, la trata de personas y han incursionado también en otros ámbitos económicos, como la minería. Ellos son los que a veces cobran rentas en ciertas regiones del país, se apoderan de antenas de telecomunicaciones, controlan a quién sí y a quién no le llega el internet e incluso si tienen o no agua”, explicaba Montenegro.

El Rancho Izaguirre: el centro de reclutamiento del CJNG

Prueba del gran poder del Cártel Jalisco Nueva Generación es el reciente hallazgo del Rancho Izaguirre, un campo de adiestramiento al que la organización llevaba a jóvenes para formarlos como sicarios. Este espacio fue intervenido en primer lugar por las autoridades federales de Jalisco, que detuvieron allí a 10 personas y rescataron a dos secuestrados. Después, en enero de este año, el colectivo ‘Madres Buscadoras’, según su responsable, Ceci Flores, descubrió que “había hornos donde quemaban a las personas”.

El colectivo avisó entonces a la Fiscalía General de Jalisco, pero en aquel momento, recuerda Flores, no pudieron “decir, ni escarbar nada, porque es es una propiedad privada, cometerían un delito al meterse en un lugar privado y pueden tener consecuencias graves”, además, “sabiendo de quién era la finca”. Las amenazas, cuenta Flores, hacen que “las madres tengamos que ocultar muchas cosas. Entonces, si te dicen que no puedes decir nada de lo que pasó aquí ni de lo que viste aquí porque puede pasar algo terrible, las madres dicen: ‘No puedo decir nada, tengo que callarme todo lo que vi, solo puedo tenerlo en mi mente, en mi corazón y vivir con ello hasta que alguien pueda hacer algo por nosotras’”.

El reportero y columnista especializado en crimen organizado, Antonio Nieto, pudo conocer de primera mano una de las formas más habituales de captación de este tipo de centros de reclutamiento. Concretamente, el periodista tuvo acceso a uno de los grupos de WhatsApp que usaba el Cártel Jalisco Nueva Generación para reclutar jóvenes y llevarlos al Rancho Izaguirre. Una vez dentro, los capos a cargo del adiestramiento van pasando pruebas de que la preparación es real, mandando vídeos de jóvenes que habían estado en el grupo portando armas, mandando audios con advertencias o incluso imágenes mucho más explícitas, las cuales están reflejadas en el hilo de X publicado por Nieto.

"En el caso particular del Cártel Jalisco Nueva Generación, en efecto vimos y tuvimos acceso a lo que ellos compartían por el grupo. No sabemos si esto fue 100% cierto o cuándo ocurrieron estos hechos, pero sí pasaban imágenes de cómo a una persona viva y privada de su libertad, con una daga le sacaban el corazón y se lo comían. Se lo pasaban entre varios y le daban un mordisco. Veíamos también cómo les enseñaban a quitar la piel de la cara y cómo les enseñaban a amputar la cabeza, de forma fácil y sencilla". Todo ello, reitera el periodista, es lo que pasaban por ese grupo.

Para Nieto, este era un campo de reclutamiento, y no de exterminio, aunque afirma haber estado en campos en los que el cártel entierra personas, y que sí son de exterminio. Tanto uno como otro, asegura, están presentes en el país "solo que no se conocen". Una afirmación que coincide con la hecha por Montenegro, que afirmaba que esta era solo "la punta del iceberg".

En marzo, otro colectivo denominado Guerreras Buscadoras de Jalisco, a raíz de varias llamadas anónimas, decidió acudir al lugar y, a través de un directo en Facebook, mostró cientos de pares de zapatos, ropa, mochilas, casquillos de bala y documentó la existencia de tres hornos crematorios con huesos calcinados y la posibilidad de que hubieran muerto allí cientos de personas. Fue entonces cuando la Fiscalía de Jalisco asumió la investigación y, después de sus primeras pesquisas, estableció que no había crematorios clandestinos y desmintió la versión de las Madres Buscadoras de que estas les habían avisado de lo que allí ocurrió.

Tras ello, y después de que Claudia Sheinbaum declarara en conferencia de prensa que había solicitado la intervención de la Fiscalía General, asegurando que “lo primero que tenemos que hacer en este caso es investigar porque las imágenes, que obviamente son dolorosas, pues hay que saber qué pasó ahí antes de cualquier cosa”, la Fiscalía General de la República estuvo entonces tres días investigando el lugar, hasta que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, anunció que tanto los colectivos como los medios de comunicación podrían visitar el Rancho Izaguirre.

La prueba de las brutales prácticas de las organizaciones criminales mexicanas

Esa apertura de puertas, aseguraba Ceci Flores, resultó ser un “tour” vergonzoso. “Es terrible que la autoridad se quiera burlar de tal manera de las madres, a las que llevaron a un lugar donde ya no había nada, ni rastro de que se haya calcinado una persona ahí. Estaba completamente todo sellado, todo tapado, no había ninguna de las pruebas que aparecían en los vídeos que subimos, porque nosotras subimos vídeos de la ropa, de las mochilas, hasta el altar que tenían ellos donde adoraban a sus santos" explicaba la mexicana, que lamenta que “las llevaran allí como una burla”.

Flores denuncia su lucha y la de todas las madres que siguen buscando a sus hijos desaparecidos sin reclamar siquiera justicia por el miedo que tienen a los cárteles, y no “nos queda otra que aguantar porque el amor por nuestros desaparecidos nos hace soportar todo lo que estamos viviendo”.

La mexicana no confía en ninguna de las medidas que Sheinbaum anunció para apoyar la lucha de los colectivos de búsqueda de desaparecidos. “No creo en toda su palabrería, puesto que no es lógico lo que pasó en el rancho con ese tour turístico que le dieron a las madres dentro de ese lugar. No me entra en la cabeza cómo pudo hacer eso el gobierno", reiteraba Flores.

Ante todo este escándalo, altos representantes de Morena, el partido de la presidenta Sheinbaum, han querido quitarle importancia al asunto, como fue el caso del presidente del Senado, que negó que el Rancho Izaguirre fuera un campo de exterminio y, además, acusó a la derecha de haber organizado un “campaña” con este tema para “golpear al gobierno de la presidenta”.

Flores, por su parte, sí incide en que este era un campo de exterminio. “¿Si no es un campo de exterminio, cómo le puedes llamar a algo tan terrible? Porque mataban, desmembraban, los calcinaban de tal manera que no sabemos quién de todas nosotras nos vamos a quedar con los brazos vacíos para siempre, sin volver a abrazar a nuestros hijos”.

En este sentido, Montenegro apoya a la representante de las Madres Buscadoras, un colectivo que, en su opinión, está sufriendo “una campaña de desprestigio orquestada desde el más alto nivel del Gobierno Federal”.

Una situación cuyo arreglo depende en gran medida de Estados Unidos

Todo ello constituye la prueba del análisis realizado por Sergio Maydeu, quien sostiene que “la situación de la criminalidad en México no solo no ha mejorado, sino que incluso ha empeorado, con la única diferencia de que esta vez el Gobierno Federal Mexicano está empezando a tomar cartas en el asunto, pero exclusivamente como respuesta a la situación que está generando la administración Trump”.

El analista explica que Sheinbaum “está ofreciendo caramelos. Es decir, la entrega de 29 narcotraficantes a Trump no va a cambiar la situación interna en México, porque estos dirigentes del crimen organizado se van a ir a Estados Unidos, pero sus organizaciones siguen operando en territorio mexicano. En todo caso, el punto central será la designación de Trump de diferentes grupos criminales como organizaciones terroristas, lo que le permitirá legitimar operaciones encubiertas o directamente ataques claros en territorio extranjero”.

En definitiva, estos movimientos de cara al exterior, dice Maydeu, no reducirán la criminalidad en el interior del país azteca, algo en lo que también tiene responsabilidad Estados Unidos, ya que señala que, hasta que México "no tenga un control sobre las armas, el crimen organizado va a seguir operando con normalidad, y la única administración que puede hacer algo es Estados Unidos", el país del que provienen "entre un 70 y un 90% de las armas incautadas en México".