Amnistía Internacional llevará a Fiscalía un informe sobre la gestión de la Generalitat: "Vulneró los derechos humanos de miles de personas durante la DANA"

Madrid

El próximo 29 de abril se cumplirán seis meses de la DANA que inundó municipios valencianos como Alfafar, Benetusser o Paiporta dejando 227 personas fallecidas y millones de euros en daños materiales en la provincia. Antes de que llegue esta fecha, la organización Amnistía Internacional ha publicado un informe, realizado por el investigador Daniel Canales, titulado "Tengo pesadillas en las que suena esa alarma", en el que han entrevistado a 17 familias víctimas de la DANA y a cientos de vecinos de la zona para llegar a una conclusión clara: La Generalitat Valenciana no les informó de lo que iba a pasar, poniendo en riesgo su vida y, por tanto, "vulnerando sus derechos fundamentales", como el derecho a la información, pero también el derecho a la vida y a la integridad física. En los próximos días, la organización, entregará a esta información a la fiscalía en el juzgado de Catarroja donde hay una investigación abierta por los hechos.

Esta vulneración se produjo, explica el autor del estudio, el abogado Daniel Canales, no solo sobre las personas que fallecieron y sus familias sino también sobre otras miles de personas a las que no se le proporcionó "información adecuada, accesible y oportuna durante la emergencia".

La organización recuerda que la alerta a los teléfonos móviles de la población llegó "cuando muchas personas ya se encontraban en situación de peligro extremo" y que eso provocó que cientos de ellas quedaran desprotegidas ante una catástrofe que, si hubiera habido más comunicaciones por parte de las autoridades valencianas, "habría sido en parte evitable". Esta omisión constituye, según Amnistía, "una violación del derecho a la información, reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que los Estados tienen la obligación de advertir y proteger a la población ante amenazas potencialmente mortales".

El autor del informe recuerda que "esta obligación está respaldada por tratados internacionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos". Además, sugiere Amnistía, "se incumplieron normativas autonómicas y estatales de protección civil, que garantizan el derecho de las personas a ser informadas y protegidas ante catástrofes".

"Me llegó la alerta cuando estaba subido a un semáforo"

Los testimonios recogidos por Amnistía Internacional en este documento ilustran con muchísimas crudeza las consecuencias que produjo esa falta de respuesta institucional. José Manuel, vecino de Alfafar, recibió la alerta cuando ya llevaba horas encaramado a un semáforo. Allí permaneció durante seis horas hasta que bajó el nivel del agua. En el informe cuenta como su hermano murió intentando salvar a una mujer atrapada en su coche.

Meri, de Catarroja, perdió a su padre, Felipe. Ella cuenta cómo lo vieron unos vecinos, por última vez aferrado a una valla, esperando un rescate que no llegó y por el que ella se lamenta. Su cuerpo fue hallado diez días después por voluntarios. “Es doloroso perder a un padre, pero aún más darte cuenta del sistema en el que vives”, lamenta Meri, porque denuncia que "iba al ayuntamiento, hacía llamadas y nadie le ayudaba a encontrar a su padre". Habla de una "desorganización total".

En el Marta, de Picanya, ella misma cuenta como tuvo que organizar la búsqueda de su padre, desaparecido, al no recibir ayuda institucional ni poder contactar con teléfonos de emergencia. Finalmente, encontraron el cuerpo gracias a un aviso en redes sociales.

Fallos muy graves en la gestión de la emergencia pero también en los días siguientes

La organización recalca que "la responsabilidad internacional del estado no puede diluirse por su organización interna o por un reparto competencial y que la respuesta debe ser unitaria y coordinada, como recoge la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos" pero apunta a que, en el estado de las autonomías de España, ya ha quedado claro que la responsabilidad de actuar era del ejecutivo valenciano.

En el informe, Amnistía internacional también ha hablado con representantes de Ayuntamientos —entre ellos Paiporta, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Picanya y Massanassa— que denuncian "haber estado prácticamente a ciegas durante la emergencia". La información, dice el texto, "no solo llegó tarde a la ciudadanía a través del sistema ES-Alert, sino que también fue escasa o inexistente para las autoridades locales".

Además, señala, "la descoordinación continuó durante los días posteriores a la catástrofe, cuando muchas de las labores de asistencia dependieron del voluntariado y de la autoorganización vecinal", como cuentan los propios vecinos. Meri, por ejemplo, denuncia que pasaron varios días buscando el cuerpo de su padre sin recibir ni una sola indicación. “No había información. El sexto día nos llegó un mensaje recomendando mascarillas y guantes, cuando llevábamos casi una semana removiendo barro con bolsas de basura en los pies”, relata.

En el informe se incluyen también historias como la de Carlos, una persona con movilidad reducida que vivía en una vivienda social a escasos metros de un barranco en Picanya: sobrevivió de milagro, pero la mayoría de sus vecinos, cuenta, no lo consiguieron . Tras ser rescatado, fue alojado durante meses en una residencia como “no residente”, sin acceso a servicios básicos.

El informe detalla también que casi la mitad de las víctimas mortales tenían más de 71 años. Muchas vivían solas y en viviendas bajas. Teresa, otra vecina de Paiporta, cuenta que tuvo que permanecer durante horas con su padre —con una cadera rota— sumergidos en el agua dentro de casa: “Recuerdo a mi padre pidiendo una manta porque tenía frío, tumbado sobre una mesa que flotaba”, explca.

El peligro de los bulos

El informe también destaca el impacto de la desinformación. En Picanya, Soraya recuerda cómo un agente de la Guardia Civil gritó por la ventanilla de su coche que se había roto la presa de Forata. “El pueblo quedó vacío en minutos por algo que no era cierto”, lamenta. Amnistía advierte de que solo un sistema de comunicación rápido, fiable y transparente puede contrarrestar el efecto desestabilizador de los bulos en una situación de emergencia.

Recomendaciones para evitar otro desastre

Amnistía Internacional lanza una batería de catorce recomendaciones dirigidas a la Generalitat, al Gobierno central, a la Fiscalía General del Estado y a los Ayuntamientos. Entre ellas, destaca:

• La revisión de los sistemas de alerta y comunicación del Sistema de Protección Civil, incluyendo la implantación efectiva del sistema ES-Alert con protocolos claros de uso.
• La incorporación de un enfoque participativo en la toma de decisiones durante la recuperación, que garantice el derecho de las personas afectadas a estar informadas y a participar activamente.
• El desarrollo de programas de sensibilización y formación ciudadana sobre autoprotección ante emergencias, incluyendo simulacros y educación escolar.

“Este desastre ha puesto en evidencia un sistema que necesita ser revisado en profundidad”, concluye Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional. “Es necesario garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas, y evitar que una tragedia así vuelva a repetirse”.