Anticorrupción pide un año de cárcel por cohecho para el general de División de la Guardia Civil, el mediador y un empresario del 'caso Tito Berni'
Los hechos serán enjuiciados por un tribunal del jurado
El exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido un año de cárcel por delitos de cohecho continuado para el general de División retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el autodenominado Mediador Antonio Navarro Tacoronte y el empresario de placas solares Antonio Bautista, al que apodaban 'el curilla' en una de las piezas separadas de la causa conocida como 'Tito Berni' -por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo- que se ha venido instruyendo en un juzgado de instrucción de Santa Cruz de Tenerife.
El escrito, al que tuvo acceso la Cadena SER, expone que a finales de agosto de 2020 el empresario contactó con el mediador "para expandir sus negocios" en las islas. Él se presentaba "como una persona integrada en el Gobierno de Canarias y con numerosos e importantes contactos en el mundo empresarial y el ámbito público en el archipiélago", todo, "con la única finalidad de generar una apariencia de poder y seriedad", a pesar de que era "plenamente consciente" de que no era cierto.
En ese contexto, Navarro Tacoronte ofreció a Bautista y otros empresarios cuya situación sigue bajo investigación en el juzgado, la posibilidad de acceder "a personas de enorme influencia tanto en el sector público como privado" para que pudieran acceder a contratos y subvenciones, y organizaba para ello reuniones a cambio de las que iba exigiendo "comisiones, dádivas o regalos" como contraprestación.
En ese contexto, aparece el general Espinosa, con "numerosos contactos" en las Islas porque había sido jefe de la Comandancia de Las Palmas durante cuatro años. En esa época, encabezaba el proyecto de seguridad y antiterrorismo Gar-Si Sahel, desplegado en varios países africanos. El mediador le presentó a Bautista y mantuvieron varias reuniones, generalmente comidas en Madrid que pagaba el empresario "como una exigencia más para lograr las contrataciones perseguidas"
Más de 19.000 euros en entregas al mediador
Dice Anticorrupción que el empresario, para "ganarse la confianza" del general en la "firme convicción de que esto le ayudaría a conseguir sus expectativas de negocio", estuvo realizando "determinadas atenciones de valor económica" a Espinosa entre septiembre de 2020 y principios de 2021.
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Habla de puros, pero también de "pagar viajes" como uno del general con una mujer a las islas o el alquiler de un vehículo para moverse por allí durante su estancia, así como de "retribuciones o comisiones por los contactos o reuniones concertadas" cuya percepción era, "absolutamente incompatible" con el cargo que ocupaba el general. La acusación pública refiere también entregas de efectivo a Espinosa a través del mediador que superan los 19.000 euros y que la defensa del general siempre ha negado.
"Progresivamente, las exigencias de Antonio Navarro Tacoronte y del General irían en aumento, llegando a reclamar la contratación de personas del entorno de Francisco Espinosa en la empresa de Antonio Bautista e incluso la propia contratación de Espinosa en esa empresa una vez terminada su relación laboral con la Guardia Civil", dice la Fiscalía. La oferta de trabajo lo era de un contrato por 3.000 euros al mes, pero no llegó a concretarse.
Visitas a la Dirección General y el Congreso
Añade que "el plan diseñado" por el mediador "de acuerdo con el general" pasaba también por "impresionar" a empresarios como Bautista con visitas a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, "así como en el Congreso de los Diputados, donde ejercía de anfitrión el encausado Juan Bernardo Fuentes Curbelo", exdiputado del PSOE y que no está investigado en esta pieza separada. Era al que dentro de la trama apodaban Tito Berni.
Para Anticorrupción, a cambio de los regalos, el empresario consiguió que Espinosa desplegase "toda su red de contactos" facilitando una reunión con su "amigo íntimo" Eustasio López, que estaba al frente del grupo Lopesan, para iniciar conversaciones sobre la adquisición de las placas solares que vendía Bautista en sus establecimientos hoteleros. Llegó a remitir dos presupuestos, pero nunca se materializó la oferta. Lo mismo con el presidente del Club Deportivo Unión Deportiva Las Palma. La Fiscalía dice que Espinosa facilitó la reunión y el empresario presentó el proyecto. Tampoco cuajó.
Los hechos se han instruido en una pieza separada del caso Mediador que a falta de un recurso contra el auto que enviaba el asunto a un tribunal del jurado, enfila ya camino de juicio. La primera en terminar se saldó con una petición de dos años de cárcel para Tito Berni por falsedad y contra los derechos de los trabajadores, en relación a un supuesto contrato falso que habría suscrito a un contacto para facilitar que renovase su permiso de residencia en España. Está ya acusado en otra pieza más donde afronta un año de prisión y donde el mediador está señalado también por delitos de estafa.
Sobreseimientos
La causa se sigue por delitos de prevaricación revelación de secretos, "tráfico de influencias, cohecho, falsedad y delitos del ámbito de la corrupción", como resumía en un reciente auto la titular del juzgado, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, que archivaba las actuaciones para un grupo de empresarios que estaban siendo investigados bajo sospecha de pagar a la trama a cambio de ayudas y subvenciones.
Destaca el archivo de las actuaciones para uno de los ganaderos, Julián de Santa Bárbara, que acabó pagando al mediador 6.000 euros en efectivo y del que "no queda acreditada participación en el plan orquestado por el resto de investigados" porque lo suyo fue, dice la instructora, "fruto de un engaño".
