La abogada que ha tenido que huir de El Salvador por plantar cara a Bukele y a Trump: "Están alquilando las cárceles"

Madrid

La situación de los derechos humanos en El Salvador vive uno de sus momentos más oscuros. Esta semana, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se reunió en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un gesto de complicidad que ha levantado fuertes críticas internacionales. El encuentro se produjo tras la deportación masiva de más de 230 migrantes venezolanos y salvadoreños desde Estados Unidos hacia una megacárcel en El Salvador, sin que mediara juicio alguno que confirmara su vinculación con estructuras criminales.

Desde Radio Bilbao, la abogada salvadoreña Ivania Cruz —integrante de Unidehc, la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios— ha explicado en La Ventana su situación de exilio forzado en España. En febrero de este año, mientras se encontraba en el país europeo, su casa fue allanada por las autoridades salvadoreñas. "Recibí amenazas por denunciar la corrupción del gobierno y por trabajar en la liberación de personas encarceladas injustamente", ha señalado. Su pareja también ha sido amenazado y enfrenta cargos en El Salvador relacionados con un caso que ellos mismos estaban denunciando por irregularidades.

Uno de los casos que puso a Ivania y a sus compañeros en el punto de mira del gobierno fue el denominado 'Caso Floresta'. A raíz de este caso, el activista Fidel Zavala, miembro del equipo, se encuentra actualmente en prisión por denunciar torturas dentro del sistema penitenciario, especialmente en la cárcel de Mariona. "Bukele se ha vendido como un presidente Milenium, utilizando muy bien las redes, pero no se conoce lo que está sucediendo en el país, miles de muertes, las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Teníamos que regresar el 3 de marzo pero el 25 allanaron mi vivienda y las oficinas de mi organización", ha explicado la abogada salvadoreña.

El juez federal James Boasberg, que ya había intentado frenar estas deportaciones meses atrás, dictaminó que estas acciones suponen un «desacato criminal» por parte de la administración Trump, al operar deliberadamente al margen de la justicia. Este precedente, aseguran organizaciones humanitarias, abre la puerta a nuevas vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales. "En El Salvador hacemos la crítica de que es un país en el que no está regulado el aborto, pero en las cárceles sí que se están realizando de forma clandestina y muchas mujeres están siendo abusadas. Todas las cárceles del país son mixtas. Hay muchos niños y niñas en estado de abandono porque sus padres y madres están detenidos. Este año se ha producido un retroceso en educación y salud, además", ha contado Cruz.

Además, el traslado de estos migrantes ha tenido consecuencias políticas. El senador demócrata Chris Van Hollen, del estado de Maryland, viajó a El Salvador tras conocerse que uno de los deportados, Kilmar Armando Abrego García, residía legalmente en EE. UU. bajo una orden de protección por riesgo de persecución. Van Hollen no logró reunirse con Abrego ni con representantes del Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo), donde fue internado. Tampoco encontró respuesta a las protestas ciudadanas que exigen su regreso a Estados Unidos.

"Estados Unidos ha venido financiando desde la campaña de Bukele y ahora se ha consolidado esta alianza. El Salvador está en crisis y Bukele estaba negociando préstamos internacionales, y, por otra parte, está alquilando las cárceles del país por 6 millones de dólares. A Bukele le tienen, como decimos en el país, «la cola pateada», porque Estados Unidos también le guarda muchos secretos a Bukele", ha explicado Cruz.

El Cecot, que opera desde la declaración del estado de excepción en marzo de 2022, se ha convertido en el epicentro de una política de mano dura que ha llevado a la detención de más de 85.000 personas, según cifras oficiales. Sin embargo, organizaciones humanitarias como la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) calculan que al menos 30.000 de estas personas han sido detenidas de forma arbitraria, muchas sin pruebas ni procesos judiciales adecuados.

Las cifras son alarmantes. Desde la instauración del régimen de excepción, al menos 3.000 menores han sido detenidos y confinados junto a adultos, muchos de ellos con antecedentes criminales. Al menos 370 personas han muerto en prisión desde entonces, en condiciones que todavía no han sido investigadas adecuadamente. Aunque las imágenes oficiales muestran solo a hombres detenidos, Cruz denuncia que también hay mujeres encarceladas y, sobre todo, muchas afectadas por la detención de familiares, lo que está provocando una profunda desestructuración familiar.

"Cuando Bukele adquierió la mayoría absoluta, realiza una serie de situaciones donde ha conservado el poder total del país. Dio golpe de Estado a la Corte Suprema de la Justicia, cambió al Fiscal General de la República, etcétera. Eso trajo una situación de violencia. También llevamos 100 casos de capturas arbitrarias y denunciamos la corrupción de funcionarios de Bukele, y eso nos puso en primera línea en la denuncia de esta situación", ha afirmado Cruz.

Según ella, la narrativa que impone Bukele en las redes sociales no se corresponde con lo que sucedió en El Salvador. "La reelección de Bukele es inconstitucional. Viola 8 artículos de la Constitución y se reelige por una resolución de los magistrados que él mismo impuso. Hizo un cambio de las reglas del Tribunal Supremo Electoral y le da más poder al voto en el exterior porque el mayor ganador en El Salvador fue el absentismo. Solo votó el 42% de la población, ni siquiera con el 50% más 1", ha denunciado la abogada.