El Supremo confirma la sanción del Fiscal General a una subordinada por retrasos injustificados

MADRID

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 500 euros que el Fiscal General del Estado impuso a Patricia Nieto, fiscal de Tarragona, por el retraso injustificado en la tramitación de causas. La fiscal acumulaba dos años de retrasos en algunos asuntos penales y cuatro meses en otros civiles. El alto tribunal aplica los mismos razonamientos que ha usado para confirmar o revocar las sanciones que el Consejo del Poder Judicial impone a jueces y magistrados. Dice la sentencia que "estos criterios, acuñados para jueces y magistrados, deben entenderse aplicables con carácter general a los miembros del Ministerio Fiscal y así lo hizo el Fiscal General del Estado en el decreto impugnado". En este caso, añade, "estamos ante un incumplimiento no menor de los plazos procesales que ha afectado no sólo al buen funcionamiento de la Fiscalía; sino también a los derechos de los justiciables, que se han visto privados de una respuesta judicial ágil y en plazo.

legal, singularmente en materia de medidas de apoyo y de expedientes de tutela, dado el carácter especialmente desfavorecido de los afectados”. Y, concluye, "ninguno de los argumentos defendidos por la defensa de la recurrente permite desvirtuar los datos. Por el contrario, permiten apreciar la concurrencia de una situación objetiva de retraso repetido en el despacho de asuntos encomendados a la sancionada, en una pluralidad de procesos y causas penales y civiles, que denotan una actuación general y constante de la expedientada y no aislada, esporádica o meramente accidental".