La causa abierta al fiscal general: tres documentos y cuatro 'fuentes' distintas para una misma filtración

Madrid

El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, mantiene el foco sobre el fiscal general del Estado por la presunta filtración del correo con la confesión del novio de Ayuso, a pesar de que circularon hasta tres documentos distintos que manejaron hasta cuatro potenciales fuentes de información.

La investigación abierta al fiscal general del Estado y la fiscal provincial entra en su recta final. La sala de apelaciones del Tribunal Supremo ha desestimado la mayoría de los recursos de Álvaro García Ortiz y de Pilar Rodríguez para avalar las pesquisas. El alto tribunal solo ha admitido la declaración del novio de Ayuso y la de los agentes de la Guardia Civil para que ratifiquen los informes que elaboraron tras los registros y el análisis de los dispositivos electrónicos de los investigados.

El juez cita a declarar como testigo al novio de Ayuso en la causa abierta al fiscal general

Hurtado mantiene que la filtración del correo en el que la defensa del novio de Ayuso reconocía que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública" para llegar a un pacto y evitar el juicio salió de Fiscalía General. La acusación se basa en pruebas indiciarias porque no hay ninguna directa. García Ortiz borró sus mensajes, cambió de móvil y cerró su cuenta de gmail después de que estallara el escándalo. Él ha explicado que lo hace habitualmente por la información tan sensible que maneja y que cerró su cuenta de correo porque saltó a los medios.

De nada ha servido que la instrucción haya revelado que circularon hasta tres documentos distintos con la confesión de González Amador. El primero, el correo electrónico que su abogado remitió a Fiscalía y que es el origen de la investigación. El segundo, uno distinto que llegó a una cuenta de un abogado del Estado que nadie ha identificado todavía y que tampoco ha sido citado a declarar. Y el tercero, el pantallazo que la número dos del PSM y exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, remitió a Juan Lobato similar al que publicaron algunos medios. Como mínimo, los dos primeros circularon antes de que llegaran al correo del fiscal general.

A esto hay que sumar que, siempre según el sumario, esa confesión estaba en poder de cuatro potenciales filtradores antes de que la manejara García Ortiz. La Fiscalía, la Abogacía del Estado, los juzgados de Plaza de Castilla y Miguel Ángel Rodríguez. Carlos Neira, abogado de González Amador, había enviado su arrepentimiento a un correo genérico de la Fiscalía de Madrid, a la Fiscal Decana de Delitos Económicos —que tampoco ha declarado— y al abogado del Estado de identidad desconocida. Y ese expediente tributario acabó en los juzgados de Plaza de Castilla cuando el fiscal interpuso la denuncia.

El último que manejaba esa documentación era Miguel Ángel Rodríguez. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid declaró que el novio de Ayuso le facilitó el correo de fiscalía con la respuesta al ofrecimiento de pacto y que sirvió para fabricar el bulo que tuvo que desmentir la Fiscalía General del Estado: que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo a Alberto González Amador, pero que García Ortiz lo había parado.