Un juez de la Audiencia Nacional investiga si hubo ciberterrorismo en el apagón
El magistrado José Luis Calama, que también instruye la causa sobre Pegasus, abre diligencias para esclarecer los hechos
Colas interminables y aglomeraciones de pasajeros desorientados con trenes cancelados en la Estación de Sants de Barcelona. EFE/Toni Albir / Toni Albir (EFE)
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha incoado diligencias previas para investigar si la caída a cero de la red eléctrica que produjo ayer un apagón en toda la Península obedeció a un sabotaje informático y así, a un delito de ciberterrorismo. La decisión se adopta de oficio, sin que mediase denuncia previa, por este magistrado que se encontraba de guardia en el momento de los hechos.
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En un auto notificado este martes, el instructor acuerda abrir causa y requerir a Red Eléctrica y al Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, sendos informes sobre los hechos que "motivaron el cese de suministro eléctrico en el territorio peninsular, y concretamente, sobre la causa o causa que motivaron la pérdida súbita, durante cinco segundos, 15 GW de la energía que se estaba produciendo en ese momento".
Asimismo, encomienda a la Comisaría General de Información de Policía Nacional la investigación del asunto y les requiere la presentación de un informe que, como los otros dos, deberá estar sobre su mesa "aun cuando sea con carácter preliminar, en el improrrogable plazo de diez días".
En el auto, razona que "si bien en el momento actual la causa de los referidos hechos resulta descocida, el ciberterrorismo se encuentra entre una de las posibles". "Por tanto, resulta necesaria la apertura de una investigación judicial por si tales hechos pudieran ser constitutivos de un delito de terrorismo", señala.
Se refiere a aquellos delitos que se cometen con la finalidad de "suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo" así como "alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional; y/o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella". Son competencia de la Audiencia Nacional.
"Nuestra sociedad se basa cada vez más de un complejo sistema de infraestructuras en el que se sustentan los sectores productivos, gestión de servicios, sistema financiero y desarrollo de la vida ciudadana en general. Estas infraestructuras son interdependientes entre sí, lo que puede desencadenar problemas de seguridad en cascada a través del propio sistema, con la posibilidad de ocasionar fallos inesperados y graves en servicios básicos para la población, como sucedió en el día de ayer", dice la resolución.
Añade que "los grupos terroristas tratan de aprovechar las vulnerabilidades del ciberespacio para realizar ciberataques. Íntimamente relacionado con ello, se halla la amenaza contra las infraestructuras críticas, con la posibilidad cierta de causar un colapso a través de las redes mediante una caída en cadena de los servicios esenciales".
Calama se encontraba de guardia en el momento del apagón. Es el mismo instructor que está a cargo de la investigación sobre la infección con el software israelí Pegasus de los móviles del presidente del Gobierno y varios de sus ministros. También es el instructor que investigó el ciberataque al sistema informático del Poder Judicial que se saldó con la sustracción de datos de medio millón de contribuyentes.
