Dirigentes del PP defienden los intereses de una empresa minera australiana que reclama 921 millones al Estado

Madrid

Por primera vez, dirigentes del Partido Popular se han manifestado recientemente en público a favor del proyecto de una mina de uranio en Salamanca. Lo hizo el pasado 8 de mayo en el programa Espejo Público de Antena 3 el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, sin que mediara una pregunta específica al respecto.

Fue preguntado respecto a si estaba de acuerdo en rebajar la fiscalidad a las nucleares y respondió que una de las fórmulas del gobierno para "ahogar" a este sector es "imposibilitando la extracción de uranio, singularmente en Salamanca".

Unos días después, el 13 de mayo pero en el parlamento europeo, fue la diputada popular Susana Solís quien criticó que el Gobierno haya "denegado la autorización del segundo yacimiento de uranio más grande de Europa, ubicado en Salamanca", y este martes la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado estar "muy contenta" porque "Feijóo está dando la batalla de las nucleares".

Estas primeras y coincidentes reclamaciones públicas de dirigentes del PP a favor de esta mina salmantina de uranio, ubicada en El Retortillo, tienen lugar al mismo tiempo que la empresa que la pretende explotar, la australiana Berkeley, ha iniciado su litigio con el reino de España ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, donde la compañía reclama 921 millones al Estado porque el Consejo de Seguridad Nuclear le impidió en 2021 la apertura de la mina para extraer cerca de 40.000 toneladas de uranio.

El exdirigente del PP fichado "por sus redes gubernamentales" para desbloquear la mina de uranio

Las coincidencias no terminan ahí. Se da la circunstancia de que Berkeley fichó en 2022 en su consejo asesor a un exalto cargo de los gobiernos de Rajoy, el exsecretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, precisamente para desatascar el proyecto de la mina de uranio de Salamanca aprovechando sus contactos, tal y como reconoció la propia Berkeley en un documento público, donde destacó sus "extensas redes empresariales y gubernamentales" que serían "de gran ayuda" para el "esfuerzo de la compañía por resolver la actual situación de permisos y, en última instancia, impulsar la producción del proyecto Salamanca".

García Legaz admite a la SER que trabaja para la compañía pero niega que haya hecho uso de esas "redes" para contactar con el equipo de Feijóo durante los últimos meses para este propósito.

También Manuel Lamela

No es el único exalto cargo del PP que ha trabajado para Berkeley. El exsubsecretario del Ministerio de Agricultura y exconsejero madrileño Manuel Lamela fue contratado como lobista por la firma australiana hace 10 años ante la Unión Europea.

Hizo trabajos para fomentar el proyecto de uranio ante el mismo comisario europeo con el que trabajó en el Ministerio de Agricultura: Miguel Arias Cañete.