El líder del PSOE extremeño aseguró en enero en la SER que no maniobraría para obtener el aforamiento
El hasta ahora presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que renunciará el viernes tras ser incluido en la causa por la contratación del hermano de Sánchez, propone debatir la retirada de los aforamientos justo cuando él acaba de conseguir el suyo
El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado que dejará la presidencia de la Diputación de Badajoz así como su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. / Jero Morales (EFE)
Madrid
El hasta ahora presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado que el viernes renunciará a este cargo y también al de concejal en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Gallardo ha asegurado que presentará su renuncia como presidente de la Diputación al término del pleno provincial "por responsabilidad" y con el objetivo de "no alterar el normal funcionamiento de la Diputación".
El también secretario general del PSOE extremeño ha propuesto al PP modificar el Estatuto de Autonomía de Extremadura para eliminar la figura del aforamiento como muestra de que su entrada en la Asamblea y a la condición de aforado no es una estrategia tras por su procesamiento en el caso por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación pacense.
En una rueda de prensa en Mérida, Gallardo ha explicado que, "puesto que el PP está muy interesado" por su aforamiento, le ha trasladado a la presidenta de la Junta y del PP, María Guardiola, abrir un debate en la Cámara para modificar el Estatuto de Autonomía y suprimir esta cuestión, ya que solo es posible con el acuerdo de PP y PSOE.
Obtener el aforamiento
Lo cierto es esto que hace ahora Gallardo, conseguir el aforamiento, contrasta con lo que él mismo dijo en el programa 'Hora 25' de la Cadena SER el pasado mes de enero, cuando aseguró que él no iba a maniobrar para obtener esa protección.
"Mi compromiso es hacer oposición en la Asamblea de Extremadura", dijo entonces Gallardo. "Y lo haré una vez que termine este procedimiento porque no tengo que salir corriendo a una institución para aforarme. Prefiero previamente que quede cerrado y archivado porque, de otra forma, podría entenderse que voy a aforarme para que sea el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quien tenga que asumir esta causa".
Eso fue en enero, pero han cambiado mucho las cosas. Ahora que la jueza manda a juicio a Gallardo, al hermano de Pedro Sánchez y a nueve personas más.
Gallardo intenta que la causa pase a manos del TSJ de Extremadura, pero la magistrada de Badajoz que lleva el caso ha advertido de que no lo dejará ir hasta que la asamblea autonómica le confirme que es diputado y que, por tanto, está aforado.
Una promesa por cumplir
En 2014, en el congreso federal del PSOE que le designó por primera vez secretario general del partido, Pedro Sánchez prometió acabar con el aforamiento de los cargos públicos. Más de una década después, solo seis comunidades han dado el paso de quitar o limitar ese privilegio a los cargos públicos autonómicos.
El debate ha vuelto al primer plano después de que el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, haya recogido su acta de diputado en la Asamblea regional mientras estaba siendo investigado en la causa abierta contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.
El aforamiento de Gallardo retrasará el proceso y obligará a elevar su caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Tras dar ese paso, ha propuesto al PP modificar el Estatuto de Autonomía de la comunidad para eliminar la figura del aforamiento. "Lo que tiene que hacer Gallardo es renunciar al aforamiento hoy mismo y, a partir de ahí, estamos dispuestos a hablar de cualquier modificación normativa", le ha respondido la presidenta autonómica, María Guardiola.
Los socialistas, fuera del Gobierno, propusieron en 2013 una reforma de la Constitución en cuarenta puntos que incluía, entre otros asuntos, limitar parcialmente los aforamientos.
En 2014, ante los delegados del congreso federal del PSOE, Sánchez se comprometió a "acabar con el aforamiento total de los cargos públicos"; y ya en el Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy, en 2018, el Consejo de Ministros dio luz verde a un anteproyecto de reforma de la Constitución para eliminar esa prerrogativa a diputados, senadores y miembros de el Ejecutivo en caso de delitos cometidos fuera del ejercicio de su cargo.
En 2019 Sánchez insistió en esa medida en su discurso de investidura ante el pleno del Congreso, pero la reforma no se ha materializado.
Seis comunidades se han adelantado
Canarias, Cantabria, Murcia, Baleares, Aragón y La Rioja ya han reformado sus estatutos para borrar los aforamientos.
Los canarios fueron pioneros y el 6 de noviembre de 2018 el Boletín Oficial deL Estado publicaba la ley orgánica del nuevo Estatuto de Autonomía de las islas, que eliminó el aforamiento para los diputados y los miembros del Gobierno regional.
Los riojanos, por su parte, siguen esperando a que el Congreso ratifique su reforma, que llegó a ser tomada en consideración por el pleno en 2021 pero luego quedó aparcada; tras las elecciones, debe aún retomarse su tramitación.
El debate ha sido recurrente en otras comunidades e incluso se llegó a un acuerdo en Castilla-La Mancha, pero la reforma no prosperó.
¿Y por qué hay aforamientos?
El apartado 1 del artículo 102 de la Constitución establece que al presidente y a los demás miembros del Gobierno solo se les podrá exigir responsabilidades penales ante el Tribunal Supremo y el artículo 71 otorga esa prerrogativa también a diputados y senadores, que no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la cámara respectiva.
La finalidad de esta figura, según la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, es garantizar la libertad, autonomía e independencia de los órganos constitucionales y evitar presiones a los miembros del gobierno.
Se busca proteger a estos cargos públicos frente a actuaciones que puedan menoscabar las funciones que tienen encomendadas, a través de la utilización abusiva de querellas insidiosas o políticas y de procesos judiciales con fines espurios.
