La UE pospone la votación sobre la oficialidad del catalán por falta de unanimidad de los países miembros
España acepta la petición de varios países y retrasará la votación en el Consejo de Asuntos Generales de la UE para que el catalán, el euskera y el gallego sean oficiales
El ministro checo de Asuntos Exteriores, Martin Dvorak, y el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, en el Consejo Europeo de Bruselas. / OLIVIER HOSLET (EFE)
Madrid
La votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, que el Gobierno español quería celebrar en el Consejo de Asuntos Generales de la UE de este mismo martes, se pospone ante la falta de unanimidad.
La presidencia polaca del Consejo Europeo ha decidido posponerla después de que varios países de la Unión Europea continúen expresando sus dudas financieras y legales sobre este asunto.
"Espero que no tengamos que votar hoy porque la cuestión no está madura", dejaba caer el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakim Strand, nada más llegar al Consejo de Asuntos Generales de la UE de Bruselas.
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En este sentido, el representante finlandés apuntaba que hay que tomarse "muy seriamente" las "dudas legales" que han expresado oralmente los servicios jurídicos del Consejo de la UE conforme a la adecuación de la cuestión con el artículo 55 del Tratado de Lisboa referente a las lenguas originarias en las que está redactado.
En la misma línea, la ministra sueca de Asuntos de la UE, Jessica Rosencrantz, ha asegurado que "Suecia y varios otros países han mostrado dudas durante este proceso, sobre la evaluación jurídica y sobre la evaluación de los costes.
También la ministra de Austria para Europa, Claudia Plakolm, ha subrayado que "aún hay cuestiones legales y sobre los costes".
Junto a Finlandia, Suecia y Austria, la negativa proviene principalmente de los países bálticos, ante el temor de que se abra un precedente para que se reclame la oficialidad de otras lenguas minoritarias como el ruso o el turco. También Francia recela, por las posibles demandas de corsos y bretones, del mismo modo que Croacia.
No se opondrán
En cambio, Dinamarca y Eslovenia han adelantado que no se opondrán a que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales de la UE, en caso de que finalmente la cuestión sea sometida a votación.
La ministra de Asuntos Europeos danesa, Marie Bjerre, ha reconocido a su llegada a la cita que "es una cuestión muy importante para España" y que ha tenido ocasión de abordarla con el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, que es quien representa a España en esta cita.
Así que, finalmente, España ha aceptado la petición de los países reticentes y retrasará la votación sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la Moncloa, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha dicho al respecto que "se han conseguido grandes avances en estas semanas". "Había un número amplio de estados que estaban dispuestos a aprobar esta medida, pero también había un número menor que reclamaba más tiempo y España va a aceptar la petición de seguir dialogando", ha aclarado.
Unanimidad de los Veintisiete
La UE ha estudiado este martes la propuesta española sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas, para lo que el Gobierno necesita la unanimidad de los Veintisiete.
En las últimas semanas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intensificado los contactos con sus socios europeos e intentará hasta el último momento conseguir el respaldo que necesita su petición. Para que la petición española salga adelante tiene que ser aprobada por unanimidad o al menos no cosechar ningún veto de ninguno del resto de 26 Estados miembro.
Para tratar de vencer las reticencias que a día de hoy siguen teniendo varios socios para que la UE pase de 24 a 27 lenguas oficiales, el Gobierno ha introducido cambios en su propuesta inicial, que se remonta a agosto de 2023.
Un coste de 132 millones
España asumirá el coste que supondría traducir la legislación comunitaria al catalán, el euskera y el gallego, que según una estimación preliminar de la Comisión Europea, basada en la experiencia del gaélico, ascendería a los 132 millones de euros.
El Gobierno alega también que los tres idiomas están reconocidos como lenguas cooficiales en la Constitución española y que se pueden utilizar ya en las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el Senado, por lo que la UE debe aceptar su oficialidad, una demanda que el Ejecutivo elevó a Bruselas a petición del Junts per Catalunya.
