El Gobierno aprueba un real decreto que regula la jubilación anticipada en las profesiones más penosas
La regulación se efectúa mediante los coeficientes reductores
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regula el procedimiento para anticipar la jubilación en las profesiones más penosas. Los sectores de la construcción y del transporte son algunos de los que se verán beneficiados por esta medida.
La regulación se efectúa mediante los coeficientes reductores. Estos baremos establecen períodos más largos por cada año cotizado. La consecuencia es que va a permitir acercarse antes al momento de la jubilación.
Ya disponen de este derecho los mineros, trabajadores del mar o la mayoría de policías autonómicos. Los detalles los ha avanzado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda posterior al Consejo de Ministros.
"Sabemos que hay trabajos en especial dureza y otros que se hacen especialmente duros en los años últimos de vida laboral. No es sólo una intuición, los datos avalan que hay actividades con mayor siniestralidad y, en particular, hay actividades con más accidentes de trabajo y con más enfermedades profesionales asociadas", ha subrayado la ministra Saiz.
Exposición a temperaturas extremas, ruido o vibraciones, algunos de los criterios
Dentro de los criterios para determinar la penosidad de una actividad, se encuentran, por ejemplo, la exposición a temperaturas extremas, ruido o vibraciones; el uso permanente de la fuerza física, y la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.
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En cuanto a la toxicidad, estarán bajo esta condición los trabajos con exposición a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos o nocivos.
La peligrosidad, por su parte, contempla actividades susceptibles de causar un accidente laboral o enfermedad profesional al trabajador con un mayor grado de incidencia o frecuencia que en otros trabajos.
Por último, la insalubridad se refiere a actividades con exposición a un ambiente susceptible de ser perjudicial para la salud del trabajador.
Indicadores "objetivos" para aplicar los coeficientes
Para acreditar la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de estos coeficientes reductores, la norma establece una fórmula basada en "indicadores objetivos".
- Incidencia del número total de procesos de incapacidad temporal del colectivo durante un periodo de observación en relación al total de trabajadores del colectivo, tanto de contingencia común como de profesional, para cada grupo de edad y sexo.
- Incidencia de sucesos graves que mide el número total de fallecimientos y reconocimientos de incapacidad permanente del colectivo en relación con el total de trabajadores de dicho grupo.
- Indicador de duración media para medir el número total de días de los procesos de incapacidad en relación con el conjunto de procesos.
- Otros factores como las contingencias comunes, las profesionales, la edad, el sexo, la rotación en el trabajo, la parcialidad, el tamaño de la empresa o la distribución geográfica.
El procedimiento previo para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación no afectará a los trabajadores que ya disfruten de ese anticipo, como los trabajadoras del mar, mineros o personal de vuelo, entre otros. Únicamente se aplicará a nuevos colectivos, sectores y actividades u ocupaciones de grupos de trabajo que actualmente no tienen esta posibilidad.
La aplicación de los coeficientes reductores que se establezcan conllevará un incremento en la cotización a la Seguridad Social para ese colectivo que se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.
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Este incremento consistirá en aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como del trabajador.
No contempla jubilación anticipada antes de los 52 años
En ningún caso, la aplicación de los correspondientes coeficientes reductores podrá anticipar la edad de jubilación de los trabajadores a una edad inferior de 52 años.
Asimismo, la pensión de jubilación anticipada por aplicación de coeficientes reductores reconocidos a la actividad no se podrá compatibilizar con el desempeño de la misma actividad que originó el adelanto de la jubilación.
Cómo solicitar el reconocimiento del coeficiente reductor
La solicitud para iniciar el proceso de reconocimiento de estos coeficientes especiales será realizada conjuntamente por organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos y, en algunos casos, por las propias administraciones públicas.
Se realizará ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que emitirá un informe de morbilidad y mortalidad, y recabará informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo y, si es para empleados públicos, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Dichos informes se remitirán a una comisión de evaluación que contará con la presencia de los agentes sociales y que emitirá el informe sobre la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de coeficientes reductores.
Una vez resuelto dicho procedimiento previo se podrá, en su caso, iniciar los trámites, mediante la aprobación del correspondiente Real Decreto, para que la edad ordinaria de jubilación exigida en cada caso pueda ser rebajaba mediante la aplicación de coeficientes reductores en aquellas ocupaciones o actividades profesionales que resultan afectadas.
La ministra de Inclusión ha subrayado que esta medida enlaza con las últimas reformas aprobadas en materia de Seguridad Social, que tratan de favorecer que la jubilación se adapte a las diferentes condiciones y perfiles de los trabajadores.
Por su parte, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha apuntado que este cambio normativo acerca a España a las políticas aprobadas por países como Francia, Austria o Italia, que ya contemplan procedimientos parecidos para determinar la posibilidad de la jubilación anticipada del trabajador por razón de su actividad profesional.
La ministra Saiz ha añadido que, sobre todo, este cambio normativo "es un paso adelante en justicia social". "El sistema debe ser lo suficientemente flexible como para proteger a todos estos colectivos. No olvidemos que la solidaridad es uno de los principios rectores de nuestro sistema de pensiones y el Pacto de Toledo, que este 2025 cumple 30 años, lo recuerda en sus recomendaciones", ha concluido.
