Archivada la investigación sobre una supuesta estafa en las cuentas de la asociación de guardias civiles Jucil

El Juzgado de Instrucción número 3 de León, cuya titular es Beatriz Serrano Díez, ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso la SER, en la que archiva la investigación que había abierto contra la cúpula de la asociación mayoritaria de la Guardia Civil Jucil por un posible delito de estafa, en base a la denuncia que presentó un grupo de cinco exdirigentes de JUCIL contra el actual secretario general, Ernesto Vilariño al que acusaban, presuntamente, de haber metido la mano en la caja de la asociación para gastos personales sin justificar.

La jueza cierra el caso porque entiende que “no se aprecian indicios suficientes para calificar como delito los hechos denunciados”. El juzgado ha llegado a esa conclusión a la vista del informe remitido por el Secretario Nacional de Finanzas y Tesorero de Jucil, que había sido requerido por la propia jueza para que aportase “la documentación que estime oportuna en justificación de sus alegaciones e identifique a quien tenga conocimiento o relación con los hechos denunciados”.

La documentación aportada, según la jueza, permite concluir que “los gastos fueron debidamente justificados mediante la correspondiente documentación y que las incidencias detectadas fueron corregidas, restituyendo cualquier importe que, por error, pudiera haber sido mal imputado”.

El juzgado entiende que los “supuestos gastos irregulares” fueron “sometidos a examen y aprobados mediante las correspondientes Asambleas Generales Ordinarias de socios”, recordando que en esas asambleas también estuvieron presentes los denunciantes “sin manifestar objeción alguna a la aprobación de las cuentas, ni a la justificación de los gastos presentados”.

Supuestos gastos sin justificar

La denuncia impulsada por cinco exdirigentes de la asociación, entre ellos, Agustín Leal, exsecretario de Comunicación, que ha asumido el liderazgo de esta ofensiva contra la actual dirección de JUCIL, se presentó el pasado 14 de marzo. Los denunciantes piden que se investiguen irregularidades económicas en el seno de esta organización, peor no recogen una cantidad exacta del dinero presuntamente desfalcado – por eso solicitan una auditoría-, pero sí incluye casos concretos, entre ellas, “el uso de la tarjeta corporativa de JUCIL para cubrir gastos personales”, incluyendo “alojamiento en hoteles, restaurantes y compras en comercios no relacionados con la actividad de la asociación”. La denuncia también menciona la “manipulación de los registros contables para justificar gastos personales como reuniones de trabajo”; la “duplicación de gastos en repostajes y comidas sin justificación en la actividad de la organización” y la “omisión de ciertos gastos en los informes contables oficiales, impidiendo su correcta fiscalización”.

Regeneremos JUCIL, como se hacen llamar esta escisión, detalla que uno de los casos más significativos ocurrió con un viaje a Sevilla en octubre de 2022. El secretario general de JUCIL “habría cargado 515,47 euros a la asociación en concepto de alojamiento en el Hotel Don Paco y comidas en restaurantes”. El gasto fue registrado como “reuniones”, pero “no hay constancia de que se realizará ninguna reunión oficial en dicha ciudad”.

La actual dirección nacional de JUCIL acusa a los denunciantes de “intentar dañar imagen de la asociación”. Se defienden alegando que “en un ejercicio de transparencia con sus asociados”, JUCIL celebró una sesión informativa el pasado día 10 de marzo “para explicar los gastos, a la que se convocó a todos los secretarios provinciales en activo”.