El Supremo señala al Gobierno por tratar de forma "discriminatoria" a la Policía Nacional y le obliga a regular su jubilación anticipada

El Tribunal Supremo reconoce que los funcionarios de la Policía Nacional – que hayan ingresado a partir de 2011 en el Régimen de la Seguridad Social- deben gozar de una jubilación anticipada en las mismas condiciones que sus compañeros de las policías autonómicas y locales, como Ertzaintza, Mossos d'Esquadra o la Policía Foral de Navarra,  

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, estima el recurso interpuesto por el sindicato Jupol que ha logrado una vieja batalla, tras la batalla que emprendió ante el silencio administrativo del Gobierno.

En su auto, el Alto Tribunal habla de “un trato discriminatorio” por parte del Estado porque se ha aplicado un “trato diferente a situaciones iguales, sin que exista una justificación objetiva y razonable para la ausencia de regulación de la jubilación anticipada de los policías nacionales del Régimen General de la Seguridad Social”.

El escrito del Supremo es contundente, zanja de forma nítida que el Gobierno “ha vulnerado el principio de igualdad”, en concreto se ha vulnerado el “artículo 14 de la Constitución” – que recoge que todos los españoles son iguales ante la Ley-. El argumento que recoge el auto del Supremo es que, si el Estado “ha reconocido, financiado y regulado el anticipo de la edad de jubilación en los cuerpos policiales autonómicos y locales, no resulta justificado que haya omitido toda regulación en los cuerpos policiales estatales”.

El Supremo recuerda el acuerdo que cerró el gobierno de Rajoy con los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil en marzo de 2018, cuando “se pactó que se destinaran 100 millones de euros cada ejercicio para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada al servicio activo”, pero aquel acuerdo nunca se llevó a la práctica porque “dicha previsión no se ha materializado presupuestariamente”, remarca el Supremo.

El Supremo no solo menciona el trato discriminatorio, sino que “obliga” al Gobierno a tomar cartas en el asunto para remediarlo para que “inicie un procedimiento para la regulación mediante Real Decreto de la jubilación anticipada de los miembros de la Policía Nacional encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social” con el objetivo de alcanzar la “igualdad con el resto de los cuerpos policiales autonómicos y locales”.

El mismo día en el que se ha hecho púbica la sentencia, precisamente el Consejo de Ministros aprobó una nueva normativa para adelantar la jubilación en trabajos "especialmente peligrosos".

Aunque Jupol ha logrado una vieja reivindicación, el Supremo no acepta todas las peticiones reclamadas por el sindicato policial, en concreto no reconoce el derecho a la jubilación anticipada “mediante la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en las mismas condiciones establecidas para el resto de los cuerpos policiales” porque eso implica realizar ajustes “en la cotización para garantizar el equilibrio financiero”.

En todo este tiempo, el Gobierno ha defendido que a los agentes de la Policía Nacional se les aplicaba la figura de “segunda actividad” – una prejubilación que permite a los agentes causar baja de forma voluntaria-. Sin embargo, los magistrados del Supremo no aceptan esa versión, entienden que se trata de una “situación administrativa especial” que no puede ser equiparable a la jubilación anticipada.

Tras la sentencia, el sindicato Jupol publicó un comunicado en el que su secretario general, Aarón Rivero, calificó el fallo de “victoria histórica”, una sentencia “contundente” con la que el Gobierno “no puede mirar para otro lado” y espera que pronto los agentes puedan acogerse a la jubilación anticipada.