El Gobierno asume la orden del Supremo y trabaja para resolver con Canarias la situación de los menores migrantes
El Supremo ha anunciado que impondrá sanciones al Gobierno si no adopta medidas urgentes para proteger a los menores no acompañados de Canarias
Menores migrantes llegan a las costas de Canarias (ARCHIVO). / Europa Press News
El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno la adopción urgente de medidas en relación con los menores no acompañados radicados en Canarias, más de un millar, y que están interesados en solicitar asilo. En caso de incumplimiento de lo ordenado advierte sobre la imposición de medidas coercitivas a quienes sean responsables de la adopción de las medidas.
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La Sala constata el “claro incumplimiento” de la medida cautelar acordada el 25 de marzo pasado al no haberse evaluado a ningún menor en los dos meses transcurridos, ni elaborado una relación completa y precisa de los mismos, con desconocimiento de los derechos que la legislación relativa a la protección internacional reconoce a los solicitantes de asilo, muy especialmente a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad y necesidad”.
"Hasta el momento son ya dos los requerimientos incumplidos, la Administración estatal ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia, ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes, circunstancia que se erige en presupuesto de la anterior", insisten los magistrados.
"No es un problema único y exclusivo de Canarias"
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En el auto se relaciona el conjunto de derechos que debe ser garantizado a estos menores y que son competencia exclusiva del Estado. "Tales derechos, que no son solo los de contenido material o asistencial atendidos en este momento por la Comunidad Autónoma Canaria, continúan sin ser efectivamente reconocidos a estos menores por parte de la Administración del Estado o no lo están siendo en su extensión debida, a pesar de tratarse de personas en evidente situación de vulnerabilidad y necesidad", explican.
Acuerdos del Tribunal Supremo
Tras estas consideraciones, en el auto se acuerda:
- Que, en el plazo improrrogable de 30 días, se dote a las oficinas administrativas encargadas de la tramitación de estas solicitudes de protección internacional de los medios personales y materiales necesarios para que sean formalizadas, tramitadas y resueltas en un plazo razonable, sin que pueda transcurrir más de 6 días entre la manifestación de la voluntad de solicitar la protección internacional y la formalización de la solicitud.
- Que en el plazo improrrogable de 15 días se articule en la forma que resulte más eficaz la colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias mediante la puesta a disposición de la misma de los medios y recursos materiales, personales y económicos necesarios para garantizar el acceso de estos menores al completo sistema material de acogida que deriva de su estatuto de solicitantes de protección internacional, con precisión del calendario de reuniones.
- Identificación de los responsables del cumplimiento de las medidas acordadas en cada uno de los Ministerios afectados, presumiéndose, en otro caso, que serán quienes sean titulares del correspondiente Departamento Ministerial.
- De todo ello deberá darse cuenta detallada a la Sala cada 15 días hasta su completo cumplimiento con advertencia de que se adoptarán las medidas coercitivas previstas en la ley (art. 112 LJCA) en caso de no ser atendido este requerimiento.
El Gobierno asume la orden del TS
El Gobierno ha confirmado que cumplirá la orden del Tribunal Supremo para hacerse cargo "de manera urgente" de los más de mil menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias, a la vez que ha remarcado "su total colaboración y diálogo" con el Ejecutivo de Fernando Clavijo para reunirse "a la mayor brevedad posible y resolver conjuntamente" la situación.
Fuentes gubernamentales han precisado que los ministerios competentes, Interior, Inclusión, y Seguridad Social y Migraciones, cumplirán el plazo de 30 días que ordena el Supremo en el auto, defendiendo al mismo tiempo que desde el Gobierno se ha trabajado durante estas semanas "siempre con el objetivo de dar cumplimiento a las medidas cautelares".
Las mismas fuentes han aclarado que los servicios jurídicos de los Ministerios "están analizando pormenorizadamente la nueva resolución para darle cumplimiento en tiempo y forma, preservando, de nuevo, el interés superior del menor".
Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha reivindicado la reciente modificación del artículo 35 de la ley de extranjería "como mecanismo para destensar la situación de Canarias, dar una respuesta a todos los menores de Canarias, y apelar a la solidaridad de todas las comunidades autónomas en una materia que les compete, como es la asistencia social de menores".
