Soledad Gallego-Díaz: "Está bien que se acepte la responsabilidad por los daños sufridos, lo que no está bien es hacer a las víctimas firmar acuerdos de confidencialidad"

Madrid

Los obispos españoles han empezado a indemnizar con ciertas cantidades de dinero, que algunas fuentes sitúan entre 5.000 y 15.000 euros, a las víctimas de abusos sexuales sufridos cundo eran menores a manos de sacerdotes y religiosos. Esta bien que se acepte la responsabilidad por los daños sufridos por esas personas, aunque en la mayoría de los casos los delitos estén prescritos. Lo que no esta bien es que para recibir esas indemnizaciones las víctimas de vean obligadas a firmar acuerdos de estricta confidencialidad y se prohíba “la difusión, por cualquier medio, de cualquier detalle relativo sobre el procedimiento”.

Porque, precisamente, tan importante como indemnizar a las víctimas es establecer quienes dentro de la jerarquía de la iglesia ignoraron durante décadas esos abusos, pese a tener repetida constancia de los hechos. Lo importante es que se sepa qué obispos y superiores de órdenes religiosas hicieron oídos sordos a las denuncias de las víctimas y cómo y por qué protegieron a los pederastas, hasta el extremo de limitarse a cambiarlos de un colegio a otro, donde, en la mayoría de los casos, siguieron cometiendo esos delios. Exigir silencio a las víctimas supone dejar sin estudiar qué hay que corregir dentro de esas estructuras para atajar rápidamente los nuevos casos que se vayan produciendo.