La fiscal de Madrid recurre en apelación la decisión del juez de abrir juicio por la presunta filtración de datos fiscales del novio de Ayuso

La defensa de la fiscal Jefe de Madrid ha presentado un recurso directo de apelación contra la decisión del juez Ángel Hurtado que propone abrir juicio oral contra ella y contra el fiscal general del Estado. Ambos están acusados de desplegar una estrategia delictiva, siguiendo instrucciones de Presidencia del Gobierno, para filtrar los datos fiscales del novio de Ayuso con el propósito de dañar su reputación y vulnerar su presunción de inocencia en la causa que tiene abierta por fraude fiscal y delitos de corrupción. El escrito recuerda al juez que la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Alonso Martínez establece que en una investigación "hay que consignar las circunstancias así adversas como favorables al reo"

Pilar Rodríguez reclama a la sala que revoque la decisión de Hurtado porque ella no participó en la nota de prensa que desmintió el bulo que fabricó la Comunidad de Madrid de que fue el fiscal quien ofreció un pacto a Alberto González Amador para cerrar la causa cuando todo sucedió al revés. Además, elevar como hizo Rodríguez, el expediente tributario del comisionista a Fiscalía General "forma parte de las obligaciones impuestas por Estatuto a todos los fiscales y es una conducta absolutamente habitual en el día a día del Ministerio Público".

El escrito también niega que se haya producido un delito de revelación de secretos porque el "ofrecimiento" que hizo la defensa de González Amador "de reconocer los delitos que se le imputaban y alcanzar una conformidad" ya estaba circulando por los medios de comunicación mucho antes de que Pilar Rodríguez interviniera y recopilara el expediente tributario con el correo en el que el comisionista afirmaba que "ciertamente se han cometido dos delitos fiscales". En este sentido, subraya que "quien actúa con manifiesto desprecio por la verdad no puede resultar amparado por el ordenamiento jurídico, pues lejos de contribuir a la formación de una opinión pública libre, la intoxica" y que "quien revela ante la prensa la existencia de negociaciones en curso para alcanzar un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal, así como reconoce haber incurrido en irregularidades fiscales, no puede a continuación reclamar la tutela penal o civil de su intimidad por las ulteriores manifestaciones que sobre este objeto puedan realizar terceros. En tal caso, el sujeto es el responsable —con sus propios actos— de convertir el hecho en noticiable y de despojar a dichas informaciones de su carácter reservado". La defensa de Rodríguez no pone en duda el carácter reservado de las comunicaciones "abogado-cliente-fiscal", pero "esas conversaciones, que nunca debieron trascender de la relación fiscal letrado, dejaron de ser secretas desde el momento que el abogado le hizo llegar a su cliente el correo de 12 de marzo y González Amador lo remitió a Miguel Ángel Rodríguez Bajón que, a su vez, lo divulgó".

El abogado de la fiscal Jefe de Madrid cita en su recurso a Alonso Martínez, pero también al expresidente de la sala de lo penal, Manuel Marchena, para recordarle a Ángel Hurtado que no hay indicios de delito contra la representante del Ministerio Público: “el juez instructor es un investigador comprometido con el éxito de la investigación” y la búsqueda de ese éxito sin duda confiere un sesgo a toda su actuación para tratar de afirmar lo que era la tesis inicial de la instrucción, despreciando otras alternativas más plausibles".