El Gobierno impone a BBVA mantener la autonomía del Sabadell durante por lo menos tres años
"Durante los próximos tres años ambas entidades mantendrán personalidad jurídica y patrimonio separado así como autonomía en la gestión de la actividad", ha explicado el ministro Cuerpo
Madrid
El Consejo de Ministros ha estudiado este martes la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell y ha anunciado las condiciones adicionales por razones de interés general a la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados. El Gobierno ha impuesto a BBVA mantener la autonomía del Sabadell durante por lo menos tres años.
"El Gobierno ha acordado autorizar la operación con las condiciones de que durante los próximos tres años ambas entidades mantendrán personalidad jurídica y patrimonio separado, así como autonomía en la gestión de la actividad", ha dicho el ministro de Economía y Empresa, Carlos Cuerpo.
La intención del Gobierno es que una vez cumplidos esos tres años y, tras un estudio por parte del Consejo de Ministros para comprobar si se han cumplido las condiciones, se puedan mantener dos años más si así se considera necesario.
"Con esta decisión protegemos a los trabajadores, protegemos a las empresas, protegemos a los clientes financieros... Eso es el Gobierno entrando en este caso, donde se le habilita, para proteger el interés general. Estamos hablando de una condición que es proporcional y equilibrada porque no imposibilita a que esta operación siga su curso", ha explicado el ministro.
"El Gobierno ya ha finalizado su intervención en este proceso de control de la operación de concentración y ahora le corresponde hablar al resto de actores incluidos y si deciden seguir hacia adelante", apuntaba.
Los detalles de la decisión sobre la operación
El Gobierno también ha decidido mantener los compromisos que aceptó la CNMC por parte de BBVA para autorizar la operación. Además, en la rueda de prensa, el ministro Cuerpo ha enfatizado en que no se podrán realizar expedientes de regulación de empleo relacionados con este proceso debido a que ambas entidades tendrán que seguir siendo independientes.
La decisión del Gobierno está fundamentada en cinco criterios de interés general distintos de la competencia: garantizar que se cumplen objetivos de regulación sectorial, proteger a las plantillas, la cohesión territorial, la política social y la promoción de la investigación y desarrollo (I+D).
Esta autonomía en la gestión de la actividad se deberá concretar, al menos, en el mantenimiento de una gestión y toma de decisión autónoma en relación con las decisiones de financiación y crédito, particularmente a pymes; recursos humanos, red de oficinas y servicios bancarios; y obra social a través de sus fundaciones.
BBVA ha notificado formalmente este mismo martes la recepción de las condiciones impuestas por el Gobierno para poder llevar a cabo la autorización de la opa sobre el 100% de las acciones del Banco Sabadell y ha afirmado que las está evaluando. Así lo ha trasladado BBVA en una información privilegiada remitida a la CNMV.
Para evaluar la eficacia de la condición que ha acordado el Consejo de Ministros, con una antelación de entre seis y dos meses respecto de la fecha de finalización del menor plazo establecido en la condición acordada (tres años), BBVA y Banco Sabadell deberán remitir a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa un Informe de situación cada una, que detallará el modelo de gestión autónoma que se ha llevado a cabo y su contribución al mantenimiento de los criterios de interés general mencionados.
Además, con la misma antelación, las entidades deberán elaborar y publicar en su web un plan estructural a largo plazo en el que se detalle en qué medida su estrategia corporativa afectará, en al menos los cinco años siguientes, a los criterios de interés general identificados.
Un mes de deliberación
El Gobierno llevaba deliberando casi un mes sobre esta operación, después de que el Ministerio de Economía decidiera elevar el caso al Consejo de Ministros al percibir posibles impactos en el interés general.
El departamento que dirige Carlos Cuerpo había percibido un potencial impacto en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social.
Esta decisión se produce después de que la Comisión Nacional del los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobara la OPA con condiciones y tras recibir la no oposición por parte del Banco Central Europeo.
