Anticorrupción pide procesar por fraude en las subvenciones, insolvencia y blanqueo a Pérez Dolset, el empresario que colabora con Leire Díez

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña que prepare para enviar a juicio la causa contra el empresario Javier Pérez Dolset, ahora célebre por su colaboración con la exmilitante socialista Leire Díez, grabada ofreciendo pactos a imputados a cambio de información.

El escrito, al que tuvo acceso la SER, señala que Dolset desplegó una serie de maniobras “ilícitas” para detraer patrimonio de la empresa que fundó, Zed Worldwide. También para falsear condiciones de adjudicación y ejecución de subvenciones de diversas administraciones públicas, donde la cantidad defraudada superaría los 30 millones de euros. Todo, "en su propio beneficio".

En total, son 14 las personas señaladas, incluidos Pérez Dolset y dos hermanos suyos y 17 empresas a las que el fiscal de Anticorrupción José Grinda -el mismo del que Díez buscaba y ofrecía trapos sucios-, pide procesar por hechos entre 2011 y 2016 y por los que Pérez Dolset llegó a pasar tres semanas en prisión provisional en 2017, cuando explotó esta operación conocida como 'Hanta'. Se les imputan delitos de fraude en las subvenciones, falsedad documental, administración desleal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Sobre este asunto, Anticorrupción detalla que "entre las manipulaciones económicas dirigidas por Javier Pérez Dolset" se constató "un sistema para la obtención masiva de subvenciones y préstamos, falseando los requisitos necesarios para obtener las mismas, así como las condiciones de ejecución" con una cantidad defraudada que "supera los 30.000.000 euros". "La obtención de ayudas públicas se realizó con pleno conocimiento de la inexistencia de los proyectos y a sabiendas de que no procederían a la devolución de los préstamos concedidos ni de las subvenciones", dice el escrito.

La tesis del fiscal es que las empresas investigadas elaboraban "memorias justificativas que exponían actividades ficticias adaptadas a las bases de las convocatorias públicas de subvenciones para proyectos de Innovación y Desarrollo", buscando "vestir tecnológicamente" los proyectos para que encajasen en los requisitos que publicaba el BOE en cada caso. El escrito concreta que "maquillaban ilícitamente los expedientes" y luego se servían de "facturas falsas" para simular una prestación de servicios que imputar como gasto a los proyectos subvencionados.

En total, las empresas investigadas recibieron entre 2011 y 2015, hasta 48,8 millones de euros públicos entre subvenciones (4,6 millones) y préstamos (44,6 millones) al amparo de ocho programas de ayudas ofertados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. No fueron los únicos fondos: el escrito recoge también 6,5 millones de tres programas del Ministerio de Economía.

"Facturación ficticia"

El balance que ofreció la administración concursal de Zed cifró en 24,4 millones de euros la deuda pendiente de pago de la compañía con las administraciones públicas, a los que añade Anticorrupción 14,2 millones de euros en subvenciones "ilícitamente obtenidas". Se detectó "facturación ficticia" en diez proyectos subvencionables "de los cuales el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha solicitado el reintegro total por incumplimiento", señala.

Y a esa situación de administración concursal, según Anticorrupción, llegó la compañía porque Pérez Dolset y el resto de investigados habrían creado un entramado societario y un sistema de facturación falsa para apoderarse ilícitamente de los capitales de Zed y ocultarlos a los accionistas, lo que provocó la insolvencia de la empresa y así, un perjuicio para sus socios.

En junio de 2016 la compañía declaró el concurso y para entonces parte de los fondos estaban ya repartidos por una decena de sociedades. Según el cálculo de Anticorrupción, el capital desviado desde Zed superó los 37 millones de euros.

Destaca entre esas sociedades, Panareal, una mercantil “opaca”, según la Fiscalía, con sede en Panamá, pero el escrito traza asimismo capitales que acabaron en inversiones personales como una venta en Cádiz o el patrimonio de dos de los directivos, incluida la reforma de la vivienda de uno de ellos, mediante esa facturación falsa que se presume.