A vivir que son dos días
Sociedad

"A veces una decisión descabellada es el último recurso que tiene un funcionario para solucionar un problema que le han creado"

Julio Tejedor Bielsa, experto en contratación pública, analiza los límites de la legalidad en la contratación pública y la necesidad de mecanismos de alerta en la administración

"A veces una decisión descabellada es el último recurso que tiene un funcionario para solucionar un problema que le han creado"

En una reciente entrevista en A vivir que son dos días de la SER, Julio Tejedor Bielsa, uno de los mayores expertos en contratación pública, ha ofrecido una reflexión profunda sobre los límites y tensiones que enfrenta la administración pública en la toma de decisiones.

Durante la conversación, Tejedor Bielsa subrayó la necesidad urgente de establecer un sistema de alertas tempranas dentro de la propia administración. Según sus palabras, "lo que no tenemos y debiéramos tener es un sistema claro de banderas rojas, en los cuales la propia administración pudiese realizar evaluaciones específicas de determinado tipo de decisiones".

El jurista explicó que no todas las decisiones controvertidas son necesariamente corruptas. Algunas, aunque puedan parecer descabelladas, son en realidad intentos desesperados por parte de funcionarios de resolver problemas complejos con herramientas legales limitadas. "Las decisiones descabelladas lo son siempre, dentro y fuera de la gestión pública; que luego esté detrás un caso de corrupción es lo que hay que tratar de controlar y acreditar. Pero también se toman decisiones descabelladas sin que haya corrupción, simplemente por ignorancia o por falta de alternativas", afirmó.

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Uno de los ejemplos más ilustrativos que ofreció fue el de las obras públicas en sectores sensibles como la educación o la sanidad. En estos casos, explicó, la presión social y mediática puede forzar a la administración a actuar rápidamente, incluso bordeando los límites legales. "Era muy habitual que en obras como colegios o centros de salud, cuando se paraban por cualquier motivo, la presión no caía sobre el contratista, sino sobre la administración. Y muchas veces, detrás de esa parada, lo que había era un intento del contratista de renegociar precios o cambiar calidades", explicó.

En esas circunstancias, los funcionarios se ven obligados a tomar decisiones difíciles. "¿El funcionario lo hace porque es corrupto? No. Lo hace porque intenta resolver un problema que la ley, por su mala formulación, no le permite abordar de otra manera", señaló Tejedor Bielsa.

Contratación pública, corruptos y corruptores

Concluyó con una advertencia sobre el riesgo de criminalizar decisiones administrativas sin un análisis riguroso del contexto: "Hay decisiones que se califican de corruptas y no lo son. Son el último recurso que tiene un equipo de trabajo para salir de un atolladero que no han creado ellos, sino el propio sistema".