El Orgullo LGTBIQ+ se reivindica en Budapest desafiando la prohibición de Viktor Orbán

Veinte años después de que se aprobara el matrimonio homosexual en España, vivimos una ola reaccionaria de la ultraderecha empeñada en recortar los derechos que tanto costó conquistar. El húngaro Viktor Orbán juega el papel de avanzadilla. Su prohibición de la marcha del orgullo LGTBIQ+ programada para este sábado se ha convertido en un icono de lo que está por venir para el colectivo en el resto de Europa.

Manifestaciones como la de Budapest están penadas con cárcel para quien las organice y con multas a los asistentes. Un movimiento que despertó protestas en la calle, entre otras, por parte de la organización Háttér Society, que estará presente en la marcha. Tamás Dombos, coordinador de proyectos y miembro de su junta directiva, afronta la jornada con incertidumbre. “Hemos recibido un inmenso apoyo, tanto de la sociedad húngara como del extranjero. Mucha gente que nunca antes había asistido a una marcha del Orgullo está diciendo que esta vez estarán allí y apoyarán a la comunidad LGBTQI”, celebra.

“Estamos convencidos de que este será el Orgullo de Budapest más grande de la historia, y esperemos que todo transcurra sin incidentes”, añade. Pero los incidentes son probables, teniendo en cuenta que también se han anunciado varias manifestaciones anti-LGTBI por parte de grupos extremistas. “Hay amenazas tanto legales como de seguridad”, reconoce Dombos, pero espera que se garantice el derecho fundamental a la libertad de reunión para todos.

El matrimonio entre personas del mismo sexo sigue prohibido en Hungría. Estas parejas tienen prácticamente imposible las adopciones porque tampoco está dentro de la ley la adopción individual, ni tampoco incluye el cambio de sexo. Ahora Orbán ha dado un paso más. “Hemos visto una campaña de odio en la que se contraponen los derechos de las personas LGTBI con los derechos de los niños”, explica Dombos. Es la misma estrategia que han estado macerando desde hace un lustro. “El gobierno afirma que ver a personas homosexuales, leer sobre ellas o ver una película sobre el tema es perjudicial para los niños. Y este año han empezado a decir que un evento como la Marcha del Orgullo, por ser un evento visible y masivo, también daña a los niños. Nunca citan estudios científicos ni ofrecen una justificación real. Simplemente afirman que ver parejas del mismo sexo o personas transgénero es perjudicial para los niños, lo cual, por supuesto, no es cierto”. Son argumentos que utilizan países como Rusia, que niega la existencia de las personas homosexuales.

Si la homosexualidad está siendo atacada, otras comunidades como la trans sufren aún más las políticas del Gobierno en Hungría, en concreto, la legislación adoptada en 2020, que prohíbe el acceso al reconocimiento legal de género. “Cambiar el nombre y el marcador de género en los documentos oficiales ya no es posible, lo que afecta a todos los aspectos de la vida de una persona trans: buscar trabajo, obtener una tarjeta bancaria o incluso usar el transporte público, donde deben mostrar su identificación, que no coincide con su apariencia ni con su identidad”, asegura el activista.

Tamás Dombos teme que la persecución institucional al colectivo seguirá aumentando, pero no se rinde, se toma como una victoria la celebración del Orgullo este sábado, aunque con el miedo de que el Gobierno reaccione imponiendo más restricciones como represalia por no acatar sus leyes. Hungría celebra elecciones generales en abril, y esto deja intuir varios meses por delante de dura campaña política con más ataques al colectivo. Sin embargo, como señala Dombos, la opinión pública es mayoritariamente contraria a estas medidas represivas. “Si miras las encuestas, vemos un apoyo creciente al matrimonio igualitario, que actualmente supera el 50 % de los húngaros. También hay un aumento del apoyo a los derechos de adopción para parejas del mismo sexo y al reconocimiento legal de género para personas trans”.

El odio al colectivo recorre Europa

Este sábado recibirán un gran apoyo internacional, con la presencia de cientos de personas, activistas, políticos y periodistas en la marcha de la capital húngara este fin de semana. Una “señal importante de solidaridad”, en palabras de Dombos, porque la campaña anti-LGTB que sufren en Hungría no es un mero un asunto interno, subraya. “Recortar los derechos de una minoría vulnerable, impedirles ejercer sus derechos fundamentales de movilización y expresión, y hacerlo ilegal, es inaceptable en la Unión Europea, que se basa en los valores de la democracia y los derechos humanos”.

José María Núñez, de la Fundación Triángulo, es parte de la representación europea que ha viajado a Budapest para acompañar al colectivo húngaro en este día tan simbólico. Su percepción al llegar es que la gente es más cercana a la forma de pensar general en Europa de lo que indica la ideología de su Gobierno. Les cuesta imaginarse que se vayan a enfrentar a una contramanifestación de ultraderecha, aunque se comportan con extrema prudencia por miedo a mostrarse en público. En el ambiente sobrevuela la posibilidad de que Orbán pueda perder el poder, asegura Núñez, por eso “el debate está vivo y el tema está completamente encima de la mesa”. Pero insiste en que “esto no es más que una muestra de lo que está pasando en el mundo”, y es en Hungría donde este año se juega la batalla por los derechos.

“Estamos hablando de dejar que las personas podamos vivir libremente, de que no tengamos que volver a meternos en los armarios”, subraya el activista. Desde Valencia a Estados Unidos hemos visto recortes de libertades, cambios políticos reales que suponen pasos atrás en los derechos ya conquistados. “Esa tendencia antiderechos es la que en España está aliada con la ultraderecha y con los movimientos sociales de base: Manos Limpias, Hazte Oír, etc. Es una tendencia mundial y tenemos que combatirlo”.

Esta regresión que recorre Europa va de la mano de un discurso del odio que tiene consecuencias muy graves. En España marcó un punto de inflexión el asesinato homófobo de Samuel Luiz en julio de 2021. Ana Fernández, presidenta de la asociación Alas de A Coruña, la entidad que se personó como acusación popular en el juicio, lamenta que este golpe recordara que “las cosas no son iguales para para nosotras, que todavía las calles y nuestros entornos no son seguros”, y que este tipo de violencia todavía existe y cualquiera en el colectivo podría haber sido la víctima.

“No vamos a dejar de existir”, insiste Fernández. El colectivo seguirá tirando de resiliencia para superar el miedo. “No podemos dejar que los discursos de odio ganen la batalla, porque realmente creo que no son los discursos mayoritarios en absoluto”, dice. La sociedad es cada vez más abierta, diversa y plural, en su opinión, y llama a seguir manteniendo Orgullos “reivindicativos y políticos” que combatan los retrocesos que está habiendo en todo el mundo.