Japón ahorca al “asesino de Twitter”

Todas sus víctimas tenían un cierto grado de depresión y tendencias suicidas. Operaba bajo el alias “Hanging Pro” o “verdugo profesional”. Les prometía una muerte indolora y les ofrecía comprensión para atraerlas a su apartamento. Una vez allí, las agredía sexualmente, las estrangulaba, las descuartizaba y almacenaba los restos en unas cajas que tenía en el baño.

En tres meses acabó con la vida de ocho mujeres y un hombre, algunos de ellos menores de edad. Fue detenido el 31 de octubre de 2017, momento en el que confesó todos sus crímenes sin mostrar arrepentimiento. Shiraishi aseguró que actuaba motivado por su deseo sexual y el vacío existencial que sentía. En 2020, el tribunal de Tachikawa lo condenó a muerte.

Nacido en la ciudad dormitorio de Kanagawa, creció en una familia trabajadora sin historial delictivo y fue descrito como un joven reservado, aunque excompañeros señalaron luego su falta de empatía y necesidad de control. Abandonó los estudios y, en su etapa adulta, se dedicó al entretenimiento adulto, donde empezó a manipular a mujeres vulnerables. Se considera que esto fue el desencadenante de lo que acabaría siendo una caza digital con fines letales.

El caso de Takahiro Shiraishi, más allá de su brutalidad, deja al descubierto problemas clave como la salud mental, el uso de las redes sociales y los límites del castigo. El “verdugo profesional” nos plantea en qué punto la justicia se convierte en venganza.

La pena capital en Japón se aplica exclusivamente por ahorcamiento y en casos de multihomicidio o extrema crueldad. La última ejecución registrada fue en julio de 2022. El procedimiento siempre es el mismo: tres funcionarios accionan a la vez el mecanismo de la trampa para que ninguno sepa con certeza quién activó el sistema.

El ministro de Justicia, Keisuke Suzuki, firmó la orden tras revisar informes judiciales y psiquiátricos que confirmaban la capacidad mental del condenado. Aunque la ley establece que la ejecución debe llevarse a cabo en un plazo de seis meses una vez agotadas las apelaciones, Shiraishi fue ejecutado sin que su defensa apelara el fallo. Se notifica al reo la misma mañana de la ejecución.

El gobierno japonés defiende esta práctica como una forma de preservar el orden social, pese a las críticas de organismos internacionales que denuncian el prolongado aislamiento como inhumano. Por su parte, Amnistía Internacional calificó la ejecución de “acto cruel, inhumano y degradante” y afirmó que Japón ha quedado rezagado en materia de derechos humanos, en un mundo que avanza hacia la abolición de la pena de muerte. La ONG añadió que “la secrecía del método amplifica el sufrimiento” y hace que el país pierda la oportunidad de reformar un sistema que mantiene a más de 100 personas en el corredor de la muerte.