Bruselas reafirma el objetivo climático de 2040 con flexibilidades: permitirá comprar "créditos de carbono" a países en vías de desarrollo

Bruselas

Bruselas mantiene su hoja de ruta para reducir un 90% las emisiones contaminantes en medio de ataques y retrocesos en la agenda verde. Una embestida capitaneada por la extrema derecha que, con la complicidad del PP europeo, han ido suavizando en el Parlamento algunas de las medidas estrella de la agenda verde de la Comisión.

El ejecutivo comunitario no varía su objetivo, el de reducir en un 90% las emisiones contaminantes en 2040 con respecto a los indicadores de 1900 para alcanzar la neutralidad climática en 2050, pero ofrece a cambio flexibilidades en las vías para alcanzar ese compromiso.

Una de las medidas centrales anunciadas este miércoles -día en el que los termómetros siguen batiendo registros históricos en Bélgica, con el mercurio por encima de los 36º- pasa por el uso de “créditos de carbono”. Es decir, computar la reducción de emisiones en terceros países, pagar por descontarse toneladas de C02. Aunque con limitaciones: se podrá hacer a partir de 2036 y solo se podrá reducir el 3% de estas emisiones vía créditos. Se trata de créditos “de buena calidad”, ha explicado el comisario de Clima Wopke Hoekstra, que ha matizado que “estos créditos deberán poder ser verificados, certificados y adicionales”.

Flexibilidades que para las organizaciones medioambientales o los grupos de izquierda y los verdes resta ambición a la agenda climática. El ejecutivo comunitario propone esta flexibilidad en respuesta a la petición de los países que están denunciando el coste económico de implementar esta agenda de forma apresurada, una postura que está abanderado París, pero que también defiende Polonia o Hungría.

Pasos atrás en la agenda medioambiental

Varios países, así como el propio PP europeo y los grupos de extrema derecha en Estrasburgo, han suavizado o descafeinado algunas de las medidas estrellas de la agenda verde de la Comisión.

En los últimos meses, Bruselas ha flexibilizado los objetivos de reducción de C02 para coches y furgonetas, ha retrasado la entrada en vigor de la normativa contra la deforestación y ha suspendido la negociación de la futura ley europea contra el ecopostureo, los anuncios engañosos utilizado en ocasiones por las empresas para aparentar un compromiso medioambiental de sus productos o actividad mayor del que realmente tienen.