El Supremo confirma la sanción a la fiscal anticorrupción que investigó el despacho fundado por Cristóbal Montoro

Madrid

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la primera sanción disciplinaria impuesta a un miembro de la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, impuso una multa de 1.000 euros a Carmen García Cerdá por una falta grave cometida al desobedecer las instrucciones de la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de las investigaciones abiertas en un juzgado de Tarragona sobre el despacho que fundó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La lucha entre el fiscal jefe, Alejandro Luzón, que echaba el freno, y García Cerdá, que quería poner en marcha determinadas diligencias de investigación, llevaron el caso a la Junta de Fiscales de Sala que respaldó a Luzón.

A pesar de ello, la encartada maniobró para que los Mossos pidieran al juez las diligencias que sus superiores le impedían reclamar a ella.

Dice la sentencia que "todos los integrantes del Ministerio Fiscal deben respetar el principio de dependencia jerárquica y que la dependencia jerárquica se articula a través de las órdenes e instrucciones".

En este caso, concluye, "existía un visado negativo de la diligencia de investigación de volcado de una cuenta de correo electrónico por parte de sus superiores jerárquicos y, a pesar de ello, se intenta a través de una comunicación telefónica que el Inspector Jefe de los Mossos que proponga al juzgado su práctica".