Cine rural, ayudas a familias monomarentales y programas para presas, las medidas del Plan de Derechos Culturales

"Se trata de un plan de acciones concretas, a las que hemos llegado después de identificar las barreras que impiden que en este país un joven que ha nacido en un determinado lugar no pueda acceder a la cultura. No se trata solo de un marco conceptual que define la política pública sino de acciones para superar todas esas barreras que hacen que todavía la cultura no pueda ser entendida como un derecho fundamental de los ciudadanos", ha asegurado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la presentación del Plan de Derechos Culturales que ha tenido lugar este martes en el Museo Nacional Reina Sofía.

Un proyecto que comenzó su andadura hace un año, coincidiendo con la creación de la Dirección de Derechos Culturales, que dirige Jazmín Beirak, y en el han participado más de 300 profesionales, además de asociaciones e instituciones culturales, comunidades autónomas (lo han hecho con propuestas concretas Canarias, Murcia, Asturias, Aragón, Euskadi y Cataluña) y otros ministerios. "Plantea una nueva manera de abordar las políticas públicas entendiendo la cultura como un derecho humano, que busca dar centralidad a la ciudadanía como sujeto protagonista y con un enfoque social atendiendo a la desigualdad, socioeconómica, territorial o de género, y al impacto de la cultura y su contribución a la libertad, la paz y los derechos de los ciudadanos", ha explicado a la prensa Beirak. El plan ha sido concebido como una herramienta para el ecosistema cultural, que busca crear corresponsabilidades con todo el tejido artístico e institucional.

El objetivo es que las personas en situaciones de pobreza o exclusión y las que se encuentran marginadas por razones de género, raza o sexo tengan derecho a tener garantizado el acceso a la cultura, a tener oportunidades, participación y reconocimiento de su diversidad. Pero también que mejore las condiciones laborales de sus profesionales y que garantice su independencia y su libertad de creación. De las 146 medidas que recoge el plan, 100 ya han comenzado a desarrollarse. Algunas están planteadas para llevar a cabo en el período 2025-2027 y otras, más a largo plazo, para consolidar un sistema de derechos estructural en 2030. La financiación total es de 79 millones de euros, 46 de ellos de nueva inversión.

Entre las prioridades de esta hoja de ruta está garantizar la democracia cultural, atendiendo las desigualdades en el acceso a la cultura, uno de los ámbitos en los que menos se atienden esas diferencias, según Beirak. En este apartado el plan contempla ampliar los descuentos a las familias monomarentales o monoparentales, así como a personas en itinerarios de exclusión o con discapacidades del 25%. Se intervendrá el ámbito penitenciario, con programas especialmente dirigidos a las mujeres reclusas. Además, junto al ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se ha encargado el primer estudio sobre la desigualdad, que servirá de guía para identificar problemas y mejorar las políticas públicas.

"La falta de relevancia social es uno de los grandes problemas de la ciudadanía, posiblemente porque las propias políticas no le han dado importancia a la cultura que se merecía. Un plan así busca una reconexión con la ciudadanía y la cultura", ha explicado la directora general de Derechos Culturales.

El plan también busca fomentar la participación activa con ayudas para proyectos culturales con impacto social. Se trata de una nueva línea de ayudas que no existía, y donde ya han recibido 1.065 solicitudes. Además, se llevarán a cabo acciones que vinculen Educación y Cultura, con transferencias a las comunidades autónomas para realizar trabajos en colegios e institutos. Para el proyecto educativo que incluye el cine escuela, ya puesto en marcha, y formación para el profesorado, hay una inversión de 4 millones de euros.

El paquete de medidas también está concebido para abordar los retos contemporáneos, respondiendo a la convicción de que la Cultura puede dar respuesta a desafíos, como la igualdad de género, incluyendo ese criterio para la concesión de ayudas y contratos o la Unidad de Atención y Prevención de las Violencias Machistas, medida que lleva en marcha desde el pasado mes de octubre. Este apartado incluye también el reconocimiento de la diversidad lingüística, en concreto, del caló y el romaní como lenguas dentro de la Carta Europea, además de medidas que apoyen la inclusión de la cultura y el pueblo gitano.

La cultura es la segunda razón de arraigo para los ciudadanos, ha explicado Beirak, y otra de las líneas de trabajo será trabajar en las brechas territoriales, con especial atención al medio rural, tanto municipios pequeños como territorios despoblados, con proyectos de cooperación, como el de la exhibición de cine, dotando a estas zonas de un catálogo de exhibiciones y reactivando el visionado colectivo, como herramienta para iniciar procesos de comunidad. También habrá programas culturales de cooperación con el Comisionado de Salud Mental, que favorezcan el reconocimiento del papel de las artes y la cultura en la promoción de la salud física y mental. En cuanto a la Memoria democrática, se continuará con el inventario de los bienes incautados durante la Guerra Civil y la dictadura, así como las devoluciones, como ya se ha hecho con los herederos de Pedro Rico.

El plan también tiene previsto mejorar las condiciones laborales de los trabajadores culturales y seguir avanzando en la agenda del Estatuto del Artista, con medidas como la regulación del trabajo de los menores y la representatividad sindical. Se buscará la mejora en los procedimientos de contratación pública cultural y se elaborará un código de buenas prácticas para proteger la libertad artística y poner freno a la censura y a las cancelaciones arbitrarias. En última instancia se trabajará en el desarrollo de una Ley de Derechos Culturales, que esperan esté lista en 2027. Habrá un seguimiento de ejecución y de impacto de este nuevo plan, con revisiones semestrales y una evaluación profunda de objetivos en 2030.