Las 15 medidas anticorrupción de Pedro Sánchez tras el 'caso Cerdán'
El presidente del Gobierno ha presentado un plan que pretende, entre otras propuestas, retirar las subvenciones públicas de los partidos que tengan en sus listas a personas condenadas por corrupción
Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados un Plan Estatal de lucha contra la corrupción elaborado en colaboración con Sumar y el Departamento de Anticorrupción, Integridad y Gobierno de la OCDE, para dar respuesta al caso de Santos Cerdán que ha salpicado al Partido Socialista en el último mes. Partiendo de que "la corrupción no solo existe en una organización" y de que las medidas ya adoptadas y existentes en distintas administraciones no han sido suficientes, el presidente dijo asumir personalmente la necesidad de reducir esta "lacra social" anunciando que "el Gobierno propone a ustedes y a los ciudadanos" este plan estatal.
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El ambicioso plan anticorrupción está dotado de 15 medidas que se divide en cinco ejes y supondrá, según ha avanzado el Gobierno, el "mayor impulso a la prevención, lucha y reparación de la corrupción" que se ha hecho en las últimas décadas en España, con el objetivo es situar a España "a la vanguardia" de Europa en materia de anticorrupción. Sánchez ha reiterado que su Ejecutivo va "a cumplir hasta la última coma" de este plan, tras acordar con la OCDE un sistema de seguimiento y evaluación, que dará cuenta de los avances realizados a los 12 y a los 24 meses, y emitirá un dictamen técnico que será de dominio público.
Estas son todas las medidas anunciadas por Sánchez:
El primer eje se centra en la prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles frente a la corrupción.
Puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública independiente, que asumirá las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas. Coordinará de forma independiente la lucha contra la corrupción.
Extensión de la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración.
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Se introducirán aplicaciones de Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude.
Exigencia de sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las Administraciones y despliegue de pactos de integridad para determinados contratos públicos, como hacen ya otros países europeos.
La nueva Ley de Administración Abierta reforzará la obligación de transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia del Estado. Se establecerán controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato.
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Refuerzo de los controles sobre los partidos políticos:
- Obligación a partidos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros de realizar auditorías externas e independientes.
- Profundizar en la transparencia en las donaciones y financiación privada, reduciendo el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción.
- Aprobación de una Ley de Transparencia e integridad de los Grupos de interés.
El segundo eje aborda la protección a los denunciantes de corrupción.
Incluir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que cualquier persona que acuda directamente ante la Fiscalía, la Policía o un Juez a denunciar actos de corrupción, cuente con garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal. Se exigirá a las empresas tener canales internos de denuncia y obligaremos a todas las administraciones públicas a incorporar estos canales en un sistema general de integridad institucional.
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El tercer eje trata el refuerzo de la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción.
Creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, lo que ayudará a agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia. Otorgar carácter preferente y se creará un procedimiento sumario para las causas que involucren a cargos públicos.
Continuar con el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción con más medios y la remisión a las Cortes Generales del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal, atribuyendo esta competencia al Ministerio Fiscal.
Endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal y duplicación de los plazos de prescripción, junto al aumento de las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales.
Puesta en marcha de un sistema de exclusión y listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración.
Dentro de los partidos, endurecimiento de las sanciones por infracciones contables y retirada de subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción.
El cuarto eje garantiza la recuperación de los bienes robados mediante la corrupción.
Aumento de medios y plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente. Se optimizará su coordinación con juzgados, fiscalías y con la Fiscalía Europea.
Introducción de la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia.
El quinto eje promete la generación de una verdadera cultura de integridad.
Realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención.
