Sánchez intenta aplacar el malestar de los socios impulsando un plan nacional de lucha contra la corrupción

El presidente del Gobierno afronta este miércoles el debate parlamentario más decisivo de sus siete años de mandato. Con dos de sus más fieles colaboradores implicados en un caso de presunta corrupción -Santos Cerdán en la cárcel y José Luis Ábalos investigado- Pedro Sánchez se juega su credibilidad política y el rumbo de una legislatura que la oposición y parte de los socios creen que está en fase terminal.

El jefe del Ejecutivo comparece en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la supuesta trama que ha anidado en el corazón de su partido, la secretaría de Organización del PSOE, y para plantear un paquete de medidas que refuercen los controles y eviten que escándalos como estos se puedan repetir.

La Moncloa lleva tres semanas trabajando a fondo en una batería de reformas que permitan mandar un mensaje contundente de distanciamiento y lucha contra los comportamientos corruptos. El momento de aterrizar esas ideas es este miércoles en un pleno monográfico exigido por el resto de grupos, socios y oposición. Sánchez ha dado la orden a su equipo de no adelantar ninguna de las medidas que él mismo va a exponer en la tribuna. Así que el grueso están guardadas bajo siete llaves. Pero según las fuentes consultadas por la Cadena SER, lo que el presidente va a presentar es un plan nacional de lucha contra la corrupción que contiene una decena de propuestas que abarcarán los tres ámbitos en los que se producen esos abusos de poder público: las empresas, los partidos políticos y la administración.

En concreto, el "potente paquete de reformas", según reiteran en el ala socialista de la coalición, modificará leyes, suscribirá compromisos políticos concretos y creará nuevos organismos u oficinas que ayuden a reforzar los controles y las investigaciones sobre estos casos. Será, dicen, un plan ambicioso que "situará a España “a la vanguardia" en materia de transparencia, dación de cuentas y regeneración. Los equipos de PSOE y Sumar han estado trabajando las propuestas consultando recomendaciones de organismos internacionales, como la OCDE, y recopilando las principales medidas que existen hoy en otros países de nuestro entorno con unos índices más bajos de este tipo de prácticas corruptas.

Las fuentes consultadas por la SER dan por hecho que entre la panoplia de ideas que Pedro Sánchez planteará desde la tribuna del Congreso, estará un endurecimiento de los castigos para las empresas corruptoras, una de las piezas sobre las que los socios están pidiendo actuar. A la espera de conocer el detalle de esas medidas, la Moncloa asegura que ha incorporado buena parte de las propuestas de su socio de coalición, Sumar. En un documento remitido al PSOE esta semana, los de Yolanda Díaz reclamaban entre otras cosas elevar a 20 años la prohibición para "concurrir a concursos públicos de contratación para las empresas condenadas por corrupción o sus directivos, en los últimos diez años". También endurecer las penas establecidas para estos casos en el Código Penal.

Medidas compartidas con Sumar

En el Ejecutivo buscan la manera de que el pleno de este miércoles no acabe trasladando una imagen de mayor debilidad política. Por eso, Sánchez tratará de contentar a los aliados parlamentarios y, sobre todo, al socio de coalición, Sumar, que teme que los casos que afectan exdirigentes socialistas, y la reacción "lenta y poco contundente" de la cúpula de Ferraz, les acabe arrastrando también a ellos. Todo, en un momento de máxima presión por parte de Podemos hacia el espacio que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo busca marcar distancias con el PSOE y reforzar su perfil. Por eso será ella quien suba a la tribuna para dar la réplica a Sánchez en nombre del grupo de Sumar, algo inédito que da la medida de la preocupación existente en sus filas.

El PSOE confía en que aunque las intervenciones y los cruces de este miércoles sean de alto voltaje y tensión, ninguno de los socios escenifique una situación de ruptura total. En la Moncloa asumen que el momento es muy delicado y que se juegan mucho, además de la credibilidad del propio presidente del Gobierno, que prometió llegar hasta el final para averiguar lo sucedido, también el rumbo que adopte la Legislatura. Por eso, Sánchez llegará al pleno habiendo compartido con ese grupo parte de las medidas que se van a presentar. Las dos partes de la coalición aprovecharon la reunión del Consejo de Ministros para intercambiar papeles. Hasta la tarde de ayer martes, los equipos han mantenido contactos para consensuar los acuerdos y también las discrepancias. Así que en la Moncloa están convencidos de que tanto Sumar como el resto de partidos de investidura verán en el plan un gesto decidido de superar la crisis y seguir avanzando.