"Tirar la toalla no es nunca una opción": Sánchez se mantiene tras el caso Cerdán y lanza un plan anticorrupción con 15 medidas

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este miércoles en el Congreso de los Diputados que, tras el estallido del caso de presunta corrupción que afecta a Santos Cerdán, llegó a plantearse seriamente la posibilidad de dimitir y convocar elecciones anticipadas. Sin embargo, tras una profunda reflexión, decidió continuar al frente del Ejecutivo: "Tirar la toalla no es nunca una opción", afirmó desde la tribuna.

"Quienes llevan siete años pidiendo elecciones y mi dimisión desde la moción de censura del año 2018 se han apresurado a exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión", recordó Sánchez. "Y he de decirle, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis, me pareció incluso la solución más sencilla, para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción".

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Durante su intervención, Sánchez compareció para dar explicaciones tras el informe de la UCO de la Guardia Civil que señala por presunta corrupción al que hasta hace un mes era su número tres en el PSOE, Santos Cerdán. En su discurso, el presidente admitió errores de juicio: "Me equivoqué en confiar en Ábalos y en Cerdán", dijo, reconociendo que "los mecanismos de mi organización no funcionaron". Expresó una profunda "decepción" consigo mismo y con quienes "nunca debió confiar" dentro del PSOE.

A pesar de ello, se reivindicó como líder de un "partido ejemplar" y defendió su integridad personal: "Soy un político limpio que aspira a recuperar la confianza de la cámara".

En respuesta a la crisis, Sánchez presentó un Plan Estatal de lucha contra la corrupción, elaborado en colaboración con Sumar y el Departamento de Anticorrupción, Integridad y Gobierno de la OCDE. El plan, que consta de 15 medidas agrupadas en cinco ejes, busca situar a España "a la vanguardia" de Europa en esta materia. El Gobierno se compromete a cumplirlo "hasta la última coma", con un sistema de seguimiento y evaluación que emitirá informes públicos a los 12 y 24 meses.

Prevención y fortalecimiento institucional

El primer eje se centra en la prevención de riesgos y el fortalecimiento de los controles institucionales. Se creará una Agencia de Integridad Pública independiente, que asumirá funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas. Esta agencia coordinará de forma autónoma la lucha contra la corrupción.

Además, se extenderá a toda la Administración la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation. También se incorporarán aplicaciones de inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para detectar patrones anómalos o indicios de fraude.

Se exigirá a las empresas que quieran contratar con las Administraciones que cuenten con sistemas de cómplice anticorrupción, y se desplegarán pactos de integridad en determinados contratos públicos. La nueva Ley de Administración Abierta reforzará la transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia del Estado. También se implantarán controles patrimoniales, aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato.

Control y transparencia en partidos políticos

El segundo eje refuerza los controles sobre los partidos políticos. Se obligará a partidos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros a realizar auditorías externas e independientes. Se profundizará en la transparencia de las donaciones y financiación privada, reduciendo el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y acortando el plazo de publicación a un mes desde su recepción.

Además, se aprobará una Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés, con el objetivo de regular la relación entre los poderes públicos y los lobbies.

Protección a los denunciantes

El tercer eje aborda la protección a los denunciantes de corrupción. Se incluirá en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que cualquier persona que denuncie actos de corrupción ante la Fiscalía, la Policía o un juez cuente con garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal.

También se exigirá a las empresas disponer de canales internos de denuncia, y todas las administraciones públicas deberán incorporar estos canales en un sistema general de integridad institucional.

Refuerzo del sistema judicial

El cuarto eje se enfoca en el refuerzo de la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción. Se crearán secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, lo que permitirá agilizar los procesos judiciales. Se otorgará carácter preferente a estas causas y se establecerá un procedimiento sumario para los casos que involucren a cargos públicos.

Además, se continuará reforzando la Fiscalía Anticorrupción con más medios y se remitirá a las Cortes Generales el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal, atribuyendo esta competencia al Ministerio Fiscal.

También se endurecerán las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal, se duplicarán los plazos de prescripción y se aumentarán las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales.

Sanciones y exclusiones

El quinto eje contempla medidas de sanción y exclusión. Se pondrá en marcha un sistema de exclusión y listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración.

Dentro de los partidos, se endurecerán las sanciones por infracciones contables y se retirarán las subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción.

Reacciones en el Congreso: críticas, advertencias y apoyos condicionados

La comparecencia de Pedro Sánchez y el anuncio de su plan anticorrupción han provocado una cascada de reacciones en el hemiciclo. Desde la oposición más dura hasta los socios de investidura, las intervenciones han reflejado un clima de tensión política, exigencias de responsabilidad y llamados a un cambio de rumbo.

Feijóo exige elecciones y acusa a Sánchez de encubrir una trama

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el plan anticorrupción del Gobierno como un conjunto de medidas "cosméticas" y ha exigido a Pedro Sánchez que “confiese todo lo que sabe, ayude a devolver el botín y convoque elecciones”. Desde la tribuna del Congreso, ha acusado al presidente de haber elegido "a las personas correctas para hacer cosas equivocadas" y ha asegurado que "todos estos años han operado como una organización criminal".

Feijóo ha reclamado el cese del fiscal general del Estado, la retirada de las leyes impulsadas por Félix Bolaños y una reforma del Tribunal Constitucional. También ha entregado a la presidenta del Congreso un listado con 50 preguntas dirigidas a Sánchez sobre la presunta trama de corrupción que, según él, afecta al Gobierno, al PSOE y al entorno personal del presidente.

Yolanda Díaz respalda a Sánchez, pero exige un giro de izquierdas

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reafirmado su apoyo a Sánchez, a quien ha calificado de “honrado”, pero le ha pedido un cambio de rumbo: "Gobernar no es resistir, es transformar". Ha valorado positivamente el plan anticorrupción, aunque ha reclamado medidas adicionales como la prohibición de indultos por corrupción y respuestas claras sobre el caso Cerdán y la trama Koldo.

Díaz ha apelado a la memoria de su padre y ha instado a "incomodar a los poderosos" y a elegir entre "las familias y los jóvenes" o "los fondos buitre". Su intervención ha sido recibida con una ovación de la bancada de la izquierda.

El PNV avisa: "La confianza está en la UCI"

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha advertido a Sánchez de que su confianza "está en la UCI" y ha criticado que su comparecencia llega "tarde". Ha reprochado al presidente un "tímido mea culpa" y le ha recordado que la responsabilidad de los casos de corrupción recae en su tejado, no en el de sus socios de Gobierno.

Vaquero ha lamentado que Sánchez no haya dado explicaciones más allá de reconocer que confió en Cerdán, y ha acusado al Ejecutivo de intentar "esconder sus vergüenzas" tras un paquete de medidas.

Rufián da un balón de oxígeno, pero lanza una advertencia

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha afirmado que "a un Gobierno no se le puede tumbar con lo que hay sobre la mesa", pero ha advertido que si aparecen más implicados en los casos de corrupción, su grupo pedirá elecciones. Ha instado a Sánchez a abandonar la estrategia del "y tú más" y a pasar a la ofensiva contra la derecha y la extrema derecha.

Rufián ha subrayado que "la izquierda no puede robar" porque la penalización social es mayor, y ha advertido que si el PSOE se "bunkeriza", muchos votantes se sentirán huérfanos. También ha lanzado duras críticas al PP y a Vox, acusando a la ultraderecha de hipocresía y de utilizar discursos xenófobos sin fundamento.