Santos Cerdán defiende su inocencia: "Aunque me quede aquí cien años voy a resistir"

El exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión provisional desde el pasado 30 de junio por riesgo de destrucción o alteración de pruebas en el caso de supuesta corrupción que investiga el Supremo, se encuentra fuerte, dispuesto a aguantar y rechaza cualquier tipo de pacto con la Fiscalía, según sus letrados.

Afirman que les ha trasladado que “aunque me quede aquí 100 años voy a resistir, no me rendiré” porque asevera que es “inocente” y “nunca” ha cobrado comisiones, por lo que “jamás encontrarán pruebas” que le involucren.

Sin embargo, el juez le mandó a prisión al detectar indicios “sólidos y consistentes” de su participación en la supuesta organización criminal que le involucra junto a Ábalos y Koldo. Constan mensajes de WhatsApp que le incriminan, peticiones de nombramientos en puestos clave para la adjudicación de obras públicas en Transportes o audios como cuando el propio Cerdán expone a Koldo y Ábalos que “son 550.000 y de ahí descontamos”.

Cerdán rechaza buscar nulidades en el procedimiento

Santos Cerdán dice que no recuerda esa conversación, sostiene que los mensajes no son determinantes y niega cualquier intención criminal en la propuesta de nombramientos.

Según las mismas fuentes, Cerdán ha ordenado a sus abogados que no busquen nulidades ni pongan en duda que las pruebas hayan podido conseguirse de forma fraudulenta.

Está convencido de que no surgirán esas pruebas, dinero ni patrimonio y rechazará cualquier tipo de pacto porque “nada” tiene “que confesar”.

El pago de su defensa

Santos Cerdán niega que el PSOE esté contribuyendo al pago de su defensa. Afirma que el primer pago, que alcanza los 10.000 euros, ha salido de la cuenta que comparte con su mujer, y pretende que se haga cargo del resto la aseguradora que tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil con el Partido Socialista, que hasta el momento se niega a hacerse cargo del pago.

Un bono de piscina en El Milagro como prueba de sencillez

Santos Cerdán dice que nunca ha pretendido enriquecerse, que siempre ha tenido una vida sencilla. Como muestra, ha pedido un certificado al Ayuntamiento de la Villa de El Milagro, que ha sido expedido por la secretaria municipal este martes con el visto bueno del alcalde, al que ha tenido acceso la SER, que acredita que el verano pasado pagó el bono de la piscina municipal en desde el 8 de julio hasta el 30 de agosto.

Un total de 99 euros para los dos meses. Con este documento, que “seguramente” presentará al Supremo, según su defensa, pretende demostrar que está alejado de los lujos que se suponen a una persona con un considerable capital y patrimonio, y que pasó sus vacaciones en la modesta villa navarra donde tiene fijado el domicilio familiar.

Discuten los motivos de su prisión provisional

Su defensa discute los verdaderos motivos que llevaron al juez a ordenar el ingreso de Cerdán en prisión provisional. El juez Leopoldo Puente lo envió a la cárcel al término de su declaración el pasado 30 de junio, una comparecencia que pudo practicarse tan pronto porque Cerdán renunció a su acta de diputado y el Supremo no tuvo que pedir el suplicatorio al Congreso, lo que habría demorado semanas la declaración.

El juez Puente alegó riesgo de destrucción u ocultación de pruebas como motivo del ingreso, pero 9 días después no ha ordenado registro alguno a los despachos profesionales o domicilios del imputado. No obstante, cabe la posibilidad de que con la “destrucción o alteración de pruebas”, el magistrado se refiera a la posibilidad de influir o presionar a testigos u otros imputados. Una posibilidad que difícilmente se conjura, recalcan los abogados, con una prisión provisional comunicada como la impuesta a Cerdán, ya que recibe visitas todos los días que podrían ejecutar sus órdenes para influir en esos mismos testigos o imputados.

Fuentes de la defensa esperan que el auténtico motivo no sea “ablandarle” en prisión para arrancarle una confesión. Un método ilícito y totalmente proscrito en el ordenamiento jurídico español.