El Supremo pide explicaciones al Congreso y al PSOE sobre los ingresos y donaciones de Ábalos

Madrid

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez que instruye el caso Cerdán un oficio en el que detalla que al realizar el análisis patrimonial de Ábalos, ha encontrado una discrepancia en sus cuentas para la que no halla explicación.

Dicen los agentes que analizadas las percepciones económicas del diputado, abonadas por el Congreso de los Diputados e imputadas por la Agencia Tributaria a Ábalos en el periodo 2014 - 2024, dan lugar a unos ingresos de 751.421 euros. Sin embargo, la cuantía reflejada en sus cuentas en ese mismo período procedente del Congreso asciende a un total de 79.841,74 euros.

Otra discrepancia similar detecta la UCO con las donaciones de Ábalos al PSOE. La Agencia Tributaria imputa a Ábalos haber realizado donaciones en el mismo periodo que ascienden a 44.729,29 euros. Sin embargo, en sus cuentas corrientes solo figuran donativos al partido por 8.471,36.

El juez Leopoldo Puente atiende el requerimiento de la UCO y traslada la petición tanto al Congreso de los Diputados como al PSOE para que expliquen estos números.

Ingresos en blanco incompatibles con financiación ilegal

A priori, estas discrepancias no serían un indicio de financiación ilegal del PSOE porque todas las cifras a las que se refiere la UCO, como admite el Instituto Armado, están contabilizadas por la AEAT y, por tanto, no se trataría de pagos en negro que requiere la financiación ilícita.

Fuentes próximas al entorno de Ábalos sostienen que los dos donativos al PSOE reflejados por la Guardia Civil se refieren a dos conceptos distintos. Por un lado, los 8.471,36 euros corresponderían al pago de la cuota trimestral de Ábalos como militante del partido durante el periodo devengado, mientras que los 44.729,29 serían el dinero que el PSOE descuenta a sus cargos públicos por el hecho de ser nombrados como tales, y que es ingresado en la formación política directamente de la nómina y desgrava a Hacienda. Se trataría de la cuota o “impuesto revolucionario”, como lo llaman coloquialmente los cargos del partido.

Respecto a la diferencia en los pagos del Congreso al diputado Ábalos en 11 años, entre 2014 y 2024 “ambos inclusive”, las mismas fuentes creen que se trata de “un nuevo error” de la UCO porque es “imposible” que el Congreso de los Diputados solo le haya abonado 79.841,74 euros en ese periodo, porque supondría haber ingresado un sueldo de 604,86 euros mensuales, muy alejado del salario de un diputado y de un ministro del Gobierno de España.

El juez pide información sobre la vida laboral de los implicados

En otra resolución, a instancias también de la UCO, el juez Leopoldo Puente reclama a la Seguridad Social la vida laboral de los cinco empresarios imputados por el presunto pago de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. Se trata de Antxón Alonso, Fernando Merino, José Ruz y Antonio y Daniel Fernández Menéndez, y de los presuntos beneficiarios de dichas mordidas: el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exasesor Koldo García y su exmujer Patricia Uriz.

Y ello, expone Puente, "al efecto de conocer el desempeño laboral" de estas personas en esa década y "el vínculo que hubieran podido mantener con determinadas personas físicas, investigadas en este procedimiento, o con las empresas en cuyo ámbito y eventual beneficio aquellas operaban".

Asimismo, pide a la Seguridad Social "tanto las altas y bajas de trabajadores, como las cotizaciones de las mismas", en las empresas vinculadas a esos empresarios y en las Uniones Temporales de Empresas (UTEs) desde las que actuaron en las obras señaladas por la UCO, y en Fiadelso, fundación creada por Ábalos.