Mazón llega vivo políticamente al 13 de julio: desde hoy, se asegura 75.000 euros anuales durante dos años

Madrid

Más de ocho meses después de la DANA que dejó 228 muertos en la provincia de Valencia, Carlos Mazón sigue en el cargo. El presidente de la Generalitat ha desoído las peticiones de dimisión que le han hecho las asociaciones de afectados y víctimas, la oposición política y también miles de ciudadanos que se han manifestado en las calles hasta en ocho ocasiones para pedir que deje el cargo por su gestión de la riada. Una resistencia a dimitir con la que acaba de ganar un 'premio'.

La ley valenciana establece varias prerrogativas para quienes han ejercido como presidentes de la Generalitat. Entre ellas, el acceso al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC), un órgano de consulta al que recurren el Gobierno y la administración valencianos. Los exmandatarios pasan a ser miembros de este organismo en calidad de consejeros natos (con voz, pero sin voto), con un sueldo público de 75.000 euros brutos al año.

El artículo 4.1 del estatuto de los expresidents, establece que los exmandatarios que no hayan agotado la legislatura serán miembros del CJC "por un período igual al tiempo que hayan ejercido el cargo de presidente, con un mínimo de dos años". Este 13 de julio, Mazón cumple esos dos años en el cargo. Por lo tanto, en caso de dimitir o perder una moción de censura, el ahora president tendría derecho a percibir el sueldo del CJC durante el tiempo que haya estado en el cargo.

La recompensa será notablemente mayor si Mazón aguanta como presidente hasta el final. Según el mencionado estatuto, los expresidentes que agoten la legislatura serán miembros del CJC, y percibirán su sueldo, "durante un plazo de quince años cuando hayan ejercido el cargo de presidente". Este sueldo es "incompatible con el ejercicio de cualquier puesto de responsabilidad ejecutiva" en la administración pública y no se puede compaginar con otras retribuciones por desempeñar un cargo público.

En cualquiera de los casos, cuando deje de ser presidente, Mazón podrá tener a su disposición dos asesores y un chófer designados por él, un vehículo y un local para instalar su oficina. Todo a cargo del presupuesto de Presidencia de la Generalitat. Además, se le dotará "de los servicios de seguridad que se consideren necesarios".

Ley polémica

Aprobada en 2002, durante el gobierno de Eduardo Zaplana, la Ley de Estatuto de los ex Presidentes de la Generalitat Valenciana ha sido cuestionada en distintas ocasiones por la izquierda en Les Corts. Izquierda Unida planteó su derogación en 2011. Dos años después, el PSPV propuso retirar el derecho a asistentes, chófer y oficina, pero la mayoría del PP rechazó debatir la propuesta.

Además de retirar esas prerrogativas, Podemos también planteó, varias veces entre 2016 y 2020, que los expresidentes fueran miembros del Consejo Económico y Social y no del CJC. Pero las propuestas no salieron adelante por el voto en contra de PP y PSPV, que tienen entre sus filas expresidentes de la Generalitat que disfrutan o han disfrutado de los beneficios que ofrece la ley.

El último intento ha sido el de Compromís, que a finales de marzo presentó una propuesta de reforma de la ley para eliminar los asesores, el chófer y el coche, y también la presencia de los expresidentes en el CJC. "No nos asusta ser el único partido que defendemos esto en Las Cortes, porque sabemos que a nuestro lado está la mayoría de la sociedad valenciana que no entiende por qué, con el dinero de todos, tendríamos que pagarle a Mazón este sueldo", dijo entonces el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. La propuesta fue rechazada por PP, PSPV y Vox.