El Gobierno defiende la legitimidad de la ley de amnistía frente a las dudas de la Comisión Europea

El Gobierno de España ha respondido con firmeza a las críticas vertidas este martes por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que cuestionó que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha reivindicado que tanto el Tribunal Constitucional como la Comisión de Venecia han avalado el "fin legítimo" de la norma, subrayando que su propósito es contribuir a la reconciliación y la estabilidad institucional.

Durante la vista celebrada en Luxemburgo, el abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca, afirmó que "no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España". Además, lamentó que las autoridades españolas no atendieran la recomendación de la Comisión de Venecia de tomarse el tiempo necesario para un diálogo significativo.

En respuesta, Alegría ha recalcado que el Gobierno y la Comisión Europea coinciden en dos puntos clave: que la ley no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea ni contraviene la directiva comunitaria contra el terrorismo. "Es importante destacar que no hay indicios de que el procés haya comprometido fondos europeos", ha añadido, en línea con lo expresado también por la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal.

El debate se enmarca en las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas, que busca determinar si la amnistía podría obstaculizar la investigación sobre el posible uso de fondos públicos, incluidos europeos, en la financiación del procés. Aunque la Comisión Europea ha señalado que no existe un vínculo directo entre las ilegalidades investigadas y los recursos de la UE, ha advertido que el plazo de dos meses que la ley otorga a los jueces para aplicar la norma "podría impedir" que se lleve a cabo un examen adecuado.

El Gobierno, sin embargo, considera que ese plazo es suficiente para que el Tribunal de Cuentas realice su labor, una opinión compartida por el fiscal jefe del órgano, Manuel Martín-Granizo.

La vista en el TJUE marca un nuevo capítulo en el controvertido recorrido de la ley de amnistía, que ha generado un intenso debate político y jurídico tanto en España como en el ámbito europeo. Mientras el Constitucional español ha avalado su constitucionalidad, el pronunciamiento del tribunal europeo podría tener implicaciones relevantes para su aplicación definitiva.