El Supremo archiva la querella de Vox contra Armengol y Koldo García por la compra de mascarillas
El Supremo subraya que la querella no aporta datos suficientes que justifiquen una investigación y que una actuación simultánea con las diligencias ya abiertas "carecería de todo sentido"
La presidenta del Congreso, Francina Armengol / Chema Moya (EFE)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido archivar la querella presentada por Vox contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, el exasesor ministerial Koldo García y varios empresarios, por presuntos delitos relacionados con la adjudicación de un contrato para la compra de mascarillas durante la pandemia, cuando Armengol presidía el Govern balear.
La formación liderada por Santiago Abascal acusaba a los querellados de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude, falsedad documental y falso testimonio en sede parlamentaria. Sin embargo, el alto tribunal ha considerado que los hechos denunciados ya están siendo investigados por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea, y que no procede abrir una causa paralela en el Supremo.
En su auto, el Supremo subraya que la querella no aporta datos suficientes que justifiquen una investigación por parte de esta Sala, y que una actuación simultánea con las diligencias ya abiertas "carecería de todo sentido". El tribunal recuerda que, en caso de que en el marco de esas investigaciones se detecten indicios incriminatorios contra la aforada Armengol, deberá remitirse una exposición razonada conforme al artículo 2 de la Ley de 1912.
La decisión afecta exclusivamente a Francina Armengol, en su condición de aforada. En cuanto a Koldo García y los empresarios Iñigo Rotaetxe y Juan Carlos Cueto, directivos de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., el Supremo también ha rechazado la querella al no tener estos la condición de aforados.
Vox había denunciado que el contrato entre el Instituto Balear de la Salud (IBSALUD) y la citada empresa se adjudicó de forma irregular, sin justificación suficiente, y al margen de los principios de transparencia y legalidad exigidos por la normativa de contratación pública.
La causa forma parte del conocido como "caso Koldo", una trama de presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia, que sigue bajo investigación en otras instancias judiciales.
