Juventud, divino negocio

Madrid

Una de las cosas que más tiempo tardaremos en comprender en toda su dimensión es la paradoja de que, mientras la política española se desangra en su recurrente tendencia al drama y la sobreactuación, la economía sigue carburando a gran velocidad. La vieja teoría consideraba imprescindible la estabilidad y la normalidad política como condición para el buen funcionamiento de la economía. Hoy, en cambio, cuando dicen algunos que España atraviesa la crisis más grave del periodo democrático, nuestro país lleva cuatro años creciendo más que la Unión Europea y la zona euro y siete trimestres consecutivos creciendo más que las otras grandes economías de la Unión.

El problema no es la discordancia entre los discursos y la realidad económica, sino que la bronca infinita en la carrera de San Jerónimo nos impide reparar en los cambios que esa bonanza económica está produciendo a nuestro alrededor.

Uno de los más llamativos es el bum de la inversión en residencias de estudiantes. Aparte del Reino Unido, España es hoy el destino preferente en Europa de los grandes fondos de inversión inmobiliaria, que en los últimos años han encontrado en esta actividad una alternativa muy rentable -hasta por encima del 10 %-, segura -con tasas de ocupación de un 98 %- y con perspectivas de crecimiento -la ratio de camas por número de estudiantes esta seis puntos por debajo de la media europea-.

El fenómeno se puede ver en todas las ciudades españolas con fuerte implantación universitaria. Los viejos colegios mayores ceden el paso a modernas residencias de nueva construcción operadas por fondos internacionales. El crecimiento está siendo explosivo: entre 2018 y 2022 la inversión en este sector superó los 3.500 millones de euros. Y solo en 2024 probablemente se superaron los mil millones.

En ese mismo periodo de tiempo, el número total de estudiantes de grado, máster o doctorado ha aumentado en España un 10 %. Evidentemente, el desfase entre el crecimiento del alumnado y de la inversión en residencias tiene otra explicación más perentoria, que no es otra que la crisis del acceso a la vivienda que sufre nuestro país y que ha restringido el número de pisos asequibles que salían al mercado para ser alquilados por estudiantes.

Los más optimistas -y liberales- verán en este fenómeno la magia de esa mano invisible que dicen que regula los mercados y conduce a un equilibrio de los factores de producción. Por supuesto, las nuevas residencias aliviarán la situación al aumentar las de alojamiento disponibles, aunque probablemente a un precio mayor de la oferta a la que vienen a sustituir. Sin embargo, es difícil resistirse a observar al mismo tiempo una lógica perversa en la que la llegada de grandes fondos de inversión inmobiliaria ha contribuido al aumento disparado de los precios de los alquileres de vivienda y ahora son esos mismos agentes económicos los que encuentran una nueva y atractiva fuente de negocio entre los perjudicados por la crisis en la que han colaborado.

Si a esto añadimos cómo el crecimiento del sistema universitario español desde principios de este siglo beneficia de forma inequívoca a las universidades privadas, cuyo número se ha duplicado frente al estancamiento de las públicas, la conclusión inevitable es que la educación superior en España está cada vez más condicionada por factores empresariales privados.

La discusión sobre lo público y lo privado en la educación superior es compleja. A la excelencia se puede llegar por ambas vías, aunque solo la universidad pública puede garantizar el acceso a todos independiente de sus medios económicos. Poder debatir sosegadamente sobre ello estaría bien. Pero quizás cuando tengamos tiempo de ocuparnos del asunto el trabajo ya estará hecho.