Lo que decía Montoro cuando le preguntaron por las presuntas incompatibilidades de su empresa con ser ministro
El juez investiga si, dentro de aquel gobierno de Rajoy, había una red de influencias para cambiar leyes y reglamentos de los que sacaran provecho empresas que pagaban al negocio que había fundado el exministro de Hacienda
Lo que decía Montoro cuando le preguntaron por las presuntas incompatibilidades de su empresa con ser ministro
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Madrid
Lo que investiga un juez de Tarragona no es solo si Cristóbal Montoro benefició, cuando era ministro de Hacienda, a las empresas que eran clientas del despacho que él había fundado. No investiga solo si Montoro aprovechó que era el ministro para que hubiera leyes de las que salieran ganando esas empresas gasistas.
Lo que investiga el juez es si, dentro del Gobierno, había una red de influencias para cambiar leyes y reglamentos de los que sacaran provecho empresas que pagaban al negocio que había fundado Montoro y por el que ya le preguntaron en 2015, cuando era ministro. Por presuntas incompatibilidades.
Entonces, Montoro respondió así: "Junto a otra serie de personas, todas ellas muy cualificadas, fundamos una consultora en el año 2006. A partir de 2008, cuando regresé a la política, al Congreso de los Diputados, dejé esa empresa".
"Siempre he entendido que mi dedicación debía ser completa. Y completa significa dedicado completamente a ello", decía el exministro de Hacienda. "A partir de ahí, entendí que no debía ocupar un escaño compatibilizándolo con nada. Con nada es con nada".
Una treintena de imputados
Leyendo ahora el auto del juez puede pensarse que, en efecto, hubo una dedicación completa: con mucha gente. El juez imputa a Montoro y a quienes formaron la cúpula de su ministerio. En total, 28 personas físicas y cinco jurídicas.
Su investigación determinará si, en el gobierno de Rajoy —donde hubo una policía patriótica para perjudicar a los rivales políticos—, existió también una trama para beneficiar, con leyes, a las empresas que pagaron al despacho que fundó el exministro.
Estamos hablando de leyes redactadas a demanda. Según el juez, Montoro colocó en altos cargos del Ministerio de Hacienda a personas estrechamente vinculadas a su antiguo despacho, Equipo Económico, lo que habría permitido que las reformas legislativas se elaboraran conforme a los intereses de sus clientes.
Las empresas beneficiadas, según el auto, son las gasistas Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos. Todas ellas habrían pagado por influir en la redacción de normas que les favorecieran económicamente, en perjuicio del interés público.
Acusados de seis delitos
Además de Montoro, están imputados el secretario de Estado Miguel Ferré, la subsecretaria de Presupuestos Pilar Platero, el subsecretario de Hacienda Felipe Martínez, dos directores generales de Tributos, el director de la Agencia Tributaria, asesores y otros altos cargos. Todos ellos están acusados de delitos continuados de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a la administración, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El juez sostiene que la presunta red operó entre 2012 y 2018, durante las dos legislaturas del gobierno de Mariano Rajoy. Y que no se trató de actuaciones aisladas, sino de una estructura organizada dentro del Ministerio de Hacienda para legislar a medida de quienes pagaban.
La investigación judicial se conoce ahora, pero fue abierta hace siete años. Su dimensión es llamativa: 28 imputados, entre ellos un exministro de Hacienda, y una acusación que apunta directamente al corazón del poder legislativo y económico del Estado.
