Empresas de juego, renovables, electricidad, papel o gas pagaron al despacho de Montoro para conseguir una legislación a la carta

El sumario de la investigación abierta en un juzgado de Tarragona al despacho vinculado a Cristóbal Montoro, que facturó al menos 11 millones de euros a empresas a cambio de conseguirles una regulación favorable a sus intereses, dibuja el mismo 'modus operandi'. Lo dice el correo incautado por la policía judicial que originó esta investigación y que ya el juez reflejó en el auto por el que entregaba el sumario a las partes que ha estado bajo secreto durante siete años.

Se trataba de un mensaje entre directivos de empresas que buscaban una reforma legal para obtener beneficios fiscales: "la vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Si necesitas más detalles no dudes en contactar”. Es el "como siempre" lo que puso en alerta a los investigadores porque, decían, reflejaba una presunta conducta delictiva prolongada en el tiempo. Y sus sospechas se han confirmado.

Tal y como adelantó este viernes la Cadena SER, la multinacional del juego, Codere, pagó 679.000 euros a la consultoría de Montoro para legislar el juego online y las apuestas deportivas en favor de sus intereses y en perjuicio de la competencia que operaba en España pero que declaraba sus impuestos en el extranjero.

Madrid Network, entidad vinculada a la Comunidad de Madrid y que presidió un antiguo colaborador del exministro en Hacienda, abonó 1,8 millones de euros entre 2008 y 2011 también para influir en normativa. En el sector de las renovables, Abengoa también pasó por la caja de la consultoría en plenas reformas del sector de las energéticas y abonó casi cuatro millones de euros.

La reforma del impuesto de la electricidad

Uno de los trabajos más lucrativos de Equipo Económico fue la reforma del impuesto de la electricidad que supuso un ahorro de hasta el 85% para los muchos clientes del despacho vinculado al exministro de Hacienda. Empresas gasistas pagaron 780.000 euros por sus gestiones, pero no fueron las únicas. El sector papel también estaba interesado y la firma Ence Energía y Celulosa pagó 116.000 euros.

Eso sí, no consiguieron dejar fuera al sector del impuesto porque se podrían enfrentar a una infracción en Europa. Las partes negociaron un gesto político y la intención quedó reflejada en una enmienda de CIU. La Unión Española Fotovoltaica también pagó por estas gestiones 90.000 euros. Una rebaja fiscal que, según los informes que obran en la causa, "sirvió para favorecer intereses particulares y no el interés general" porque "tras el análisis efectuado por la propia AEAT en sus informes Anuales de Recaudación, mostraban una pérdida en el año 2015 de 59 millones de euros".