El PP compra el discurso migratorio de Vox en sus pactos autonómicos

Madrid

Hace un año, Vox puso fin a los gobiernos de coalición autonómicos con el Partido Popular por sus discrepancias por el reparto de menores migrantes. Pero no siempre ha habido falta de sintonía. En los acuerdos alcanzados por PP y Vox en los últimos años para aprobar investiduras y presupuestos regionales hay decenas de medidas sobre inmigración reivindicadas por la ultraderecha.

El primer ejemplo se vio en el pacto para la primera investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. El PP y Vox se comprometían a evitar “todas aquellas decisiones que puedan favorecer un 'efecto llamada'” y apoyar a las fuerzas de seguridad para garantizar una inmigración “respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral”.

En el acuerdo para hacer presidente a Jorge Azcón en Aragón, ambas formaciones pactaron que se exigiera la residencia legal, y no solo el empadronamiento, para acceder a cualquier ayuda o subvención. "Suprimiremos cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos", añadían.

Entre las 50 medidas que llevaron a Carlos Mazón a la presidencia de la Generalitat Valenciana, derecha y ultraderecha acordaron que la administración autonómica informara a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de "los posibles casos de inmigración ilegal". El pasado mes de junio, a cambio del apoyo de Vox para aprobar sus presupuestos, Mazón incluyó varias partidas para la práctica de pruebas de edad a personas migrantes en los hospitales, para promover la reagrupación familiar en los países de origen o para la "prevención y análisis de flujos migratorios y de tráfico de personas". También se acordó cambiar la ley para que algunas ayudas de la Generalitat solo sean accesibles para personas con nacionalidad europea.

Sin ayudas a las ONG

"Murcia no aceptará el reparto arbitrario de inmigrantes ilegales llegados a otras regiones de España", dice el acuerdo de PP y Vox para aprobar los presupuestos de Fernando López Miras para este año. Ambas formaciones se comprometen a poner en marcha un protocolo para determinar la edad de los menores y a eliminar las subvenciones que reciben ONGs "que colaboren o se lucren con la inmigración ilegal" y "el tráfico ilegal de personas". También prohíben desarrollar "ningún programa en los centros educativos de fomento de la lengua árabe y cultura marroquí".

El pacto alcanzado por derecha y ultraderecha para aprobar los presupuestos de 2025 en Baleares, PP y Vox también acuerdan que se exija la residencia legal para acceder a las ayudas y subvenciones públicas y suprimir cualquier ayuda a "las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos".

En el acuerdo de hace dos años para investir a Marga Prohens como presidenta del gobierno Balear hace dos años, ambos partidos se comprometían a establecer un mínimo de tres años de residencia para percibir la ayuda de emancipación a ex tutelados, no acoger más menores migrantes o desarrollar un plan con los ayuntamientos para identificar "empadronamientos irregulares".

El pacto por el que Alfonso Fernández Mañueco llegó a la presidencia de Castilla y León contemplaba promover "una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León". Y, sin mencionar explícitamente la inmigración, en el acuerdo de Gobierno en Extremadura, PP y Vox se comprometieron revisar la política de subvenciones para acabar con el despilfarro político e ideológico y fijaban "el orden público y la seguridad" como "pilares prioritarios" del ejecutivo.