Sánchez acusa al PP de bloquear la protección frente a apagones y promete retomar el decreto en el Congreso
Desde Uruguay, el presidente denuncia que la oposición actúa "contra el interés general" al rechazar la norma para reforzar el sistema eléctrico
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, este martes, en Montevideo, Uruguay. EFE/Gaston Britos.
Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Ejecutivo volverá a presentar en el Congreso el decreto ley diseñado para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones, como el ocurrido el 28 de abril. La norma fue tumbada en el Parlamento con el voto en contra del PP y otros grupos como Junts, BNG o Podemos.
Desde Montevideo, en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, Sánchez criticó la actitud del principal partido de la oposición. "Aquellos que nos criticaban por oscurantismo y por no poner encima de la mesa soluciones que protejan al usuario son los que tumban este decreto con su voto en contra", lamentó. Según el presidente, el PP podría haberse abstenido "en beneficio del interés general".
El decreto antiapagones, aprobado en Consejo de Ministros una semana después del informe técnico sobre el fallo eléctrico, incluía medidas consensuadas con las grandes eléctricas, la industria y organizaciones ecologistas. Sánchez destacó que el informe técnico fue elaborado "en un tiempo récord de un mes", en contraste con países europeos donde, dijo, "se tarda hasta ocho años".
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Sánchez cuestionó "cómo entienden la política" las formaciones que rechazaron la norma, y acusó al PP de utilizar la votación como castigo al Gobierno. "Pero lo han sufrido todos los españoles", advirtió. Aun así, se mostró convencido de que el texto acabará saliendo adelante: "Vamos a volver a llevar este decreto al Congreso".
A pesar del revés, el presidente celebró que el Congreso aprobara seis de las siete medidas incluidas en el pleno de este martes. "Ni tan mal", ironizó.
Entre esas medidas aprobadas, Sánchez mencionó la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), destinada a mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas sanitarias, y la reforma del Congreso que prevé sanciones a periodistas acreditados que interfieran en la actividad parlamentaria.
