Equipo Económico pide a la Audiencia de Tarragona que anule el 'caso Montoro'

Madrid

Equipo Económico ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Tarragona en el que pide anular la investigación abierta contra Cristóbal Montoro y una veintena de sus colaboradores en el Ministerio de Hacienda y en el despacho que fundó.

Un juez les atribuye hasta siete delitos de corrupción por el cobro de comisiones a grandes empresas a cambio de rebajas fiscales a medida. La investigación calcula en casi 50 millones los ingresos de los miembros de esta trama por esta actividad presuntamente ilícita.

El recurso recuerda que esta causa se inició a raíz de encontrar en el registro de una empresa por un delito contra la ordenación del territorio un correo electrónico entre los responsables de la compañía y Equipo Económico. El recurso recuerda que el auto de entrada y registro se libró "en el curso de una investigación relacionada con la construcción de una nave entre 2007 y 2009" y no estaba relacionado "con los servicios prestados por Equipo Económico a partir de diciembre de 2013". Es "enormemente llamativo", añaden, "que se acepte con normalidad y sin filtro alguno la aprehensión de los correos".

El despacho reprochan que se hiciese una investigación paralela

Los abogados del despacho reprochan a los agentes que no solicitaran una ampliación del objeto del registro ante ese "hallazgo casual" y que "una vez hallados los documentos, realizaran al margen del más mínimo control judicial una investigación paralela y prospectiva durante más de cinco meses antes de dar cuenta a la autoridad judicial".

El recurso concluye señalando que "el auto de entrada y registro en un domicilio o el acceso a los dispositivos de almacenamiento de información no es un cheque en blanco para que la policía pueda arramblar con todo lo que encuentre, tenga o no relación con la causa, para posteriormente decidir lo que se investiga y lo que no. Ello supondría una quiebra del principio de especialidad y una absoluta falta de control de la gestión que la policía realiza del material incautado en la entrada y registro, excediéndose en los límites señalados en la resolución habilitante".