Una experta en menores migrantes denuncia "racismo institucional" en Canarias: "No es lo mismo un centro de acogida que un campamento de verano"

Madrid

Quorum social 77, la principal entidad de acogida de menores migrantes en Canarias, ha vuelto a ser objeto de una intervención sobre sus instalaciones. En esta ocasión, la operación desarrollada contra la ONG se ha saldado con la detención de dos de sus directivos, puestos posteriormente en libertad con cargos, así como con la clausura de uno de sus centros.

La entidad acoge a prácticamente la mitad de los menores migrantes que se encuentran en las islas, cuya cifra total asciende a 5.000 jóvenes a la espera de poder ser trasladados a otras comunidades.

El pasado mes de mayo, la Justicia ya había clausurado otro de sus centros por delitos de lesiones o de amenazas, entre otros. La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía por el Gobierno de Canarias, que es quien tiene la tutela de los menores, después de que varios de los jóvenes migrantes denunciasen maltratos por parte de varios de los trabajadores de esta ONG.

Por el momento, el caso permanece bajo secreto de sumario, por lo que no se conocen todos los detalles, aunque la Justicia dio la orden este jueves de desalojar a 148 menores de este centro, quienes fueron reubicados.

Para hablar sobre este caso y esclarecer cuál es la situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias, Patricia Fernández, abogada especializada en la defensa de los derechos de la infancia migrante en España, ha hablado ante los micros de 'Hoy por Hoy' sobre lo que viven estos jóvenes.

"Lo que nos cuentan los niños y las niñas es que se produce un trato muy desconsiderado, se produce violencia física", ha explicado la entrevistada. Fernández ha denunciado que, cuando estos menores realizan alguna petición como acudir al médico o ropa nueva, la respuesta muchas veces pasa por insultos y vejaciones.

"Hay una actuación extraordinariamente discriminatoria y no podemos dejar de hablar de este racismo, que permea a todas las capas de la sociedad. Hemos puesto mucho el foco en determinados tipos de racismo, pero no nos podemos olvidar que también hay un racismo institucional", ha advertido.

"Son centros muy grandes, muy masificados, con muy pocos educadores"

Los centros de acogida se encuentran al límite de su capacidad, con instalaciones masificadas y falta de educadores. "Son centros muy grandes, muy masificados, con muy pocos educadores y, por lo tanto, el riesgo de conflictividad existe. Hay un abuso de las contenciones, de las sujeciones mecánicas, nos hablan de golpes y, sobre todo, nos hablan de un trato que yo he descrito como desconsiderado, pero que creo que lo que mejor lo define es un trato racista", ha expresado la abogada.

Los niños y niñas de estos centros se ven expuestos a insultos racistas y a unas condiciones poco idóneas para la protección de la infancia, las cuales están "ampliamente documentadas". De hecho, ha explicado la experta, existen tres procedimientos penales abiertos en el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. Además, "hay un procedimiento de la Fiscalía Europea contra otra organización por malversación de caudales públicos, porque todos estos centros se están financiando con fondos de la Unión Europea".

A esta situación se suma la falta de prevención en las actuaciones. Es cierto que el Gobierno de Canarias actúa mediante la denuncia cuando se dan casos de este tipo, según ha comentado Fernández, pero existe una prevención para evitar dichos abusos.

Abuso por parte del Gobierno de Canarias de la contratación de emergencia

Parte del problema en los centros, ha comentado la abogada, está relacionada con los procesos de contratación del personal. En lugar de llevar a cabo una "contratación pausada y cuidada" en la que se garantice que el personal tiene la formación adecuada, el Gobierno de Canarias, desde el año 2020, ha estado abusando del mecanismo de contratación de emergencia.

"Tenemos que asegurarnos de que la persona que esté cuidando de los niños y niñas más vulnerables de nuestra sociedad, que son los que están en el Sistema de Protección de Menores, no tengan antecedentes penales o delitos sexuales y violentos", ha denunciado la entrevistada. De hecho, según ha narrado a la SER, existen casos documentados de trabajadores con "antecedentes policiales desfavorables".

Además, se trata de niños que vienen de un contexto de violencia, las cuales necesitan de una atención cultural, social y psicológicamente adaptada. "Todo esto influye muy negativamente en el bienestar físico y psíquico de niños y niñas, que vienen de contextos de mucha violencia. Esto se permite porque estamos hablando de niños y niñas extranjeros. Si estuviéramos hablando de población autóctona, no lo haríamos", ha concluido la abogada.