La ley para regular 'lobbies' que no termina de llegar a España

El 'caso Montoro' y la presunta red corrupta por la que el despacho del exministro de Hacienda cobraba a cambio de favorecer fiscalmente a grandes empresas españolas ha condicionado el final del curso político para el Partido Popular y su presidente, Alberto Núñez Feijóo. Este escándalo, además, ha reabierto el debate sobre los lobbies (grupos de presión al Gobierno) en España.

A pesar de su concepción lúgubre, de operar en las sombras, conviene matizar que cualquier grupo organizado, además de empresas, también grupos sociales, puede actuar como grupo de presión. "Por ejemplo, una ONG ecologista, o un sindicato que defienda determinado sector también actúan como grupo de presión", explica el politólogo Pablo Simón.

"Todos ellos tratan de presionar precisamente, a veces de una manera más directa, hablando o reuniéndose con ellos. Otras veces pueden hacerlo a través de los medios de comunicación, realizando movilizaciones ciudadanas, recogiendo firmas. Es decir, añade Simón, "hay múltiples mecanismos que pueden emplear algunos de confrontación".

Aunque la influencia, o el peso que pueden tener en la legislación española el sector energético, de la construcción o de los medios de comunicación, no es comparable al de una ONG. "En cualquier democracia existe una asimetría evidente entre aquellos que tienen más capacidad de influencia y menos, y eso viene casi siempre condicionado por el capital económico y las redes de influencia que pueden movilizar", argumenta el politólogo.

El hecho de que haya un vacío en la regulación de los lobbies es, precisamente, por la presión de estos grupos. hemos hablado muy poco de este tema. "Tengo la impresión de que hemos hablado muy poco de este tema", asegura Simón. Durante el 15-M sí que se abrió un debate profundo, aunque luego "se fue abandonando". Para el experto, un lobby con capacidad de influencia directa en el poder "prefiere permanecer en la sombra, es decir, prefiere la opacidad".

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en enero un proyecto de ley de transparencia de los grupos de interés que ahora se encuentra en tramitación parlamentaria. El último pleno celebrado en el Congreso sobre la materia fue el pasado mes de marzo, cuando se rechazó la enmienda a la totalidad del texto que presentó la extrema derecha de Vox. Los de Santiago Abascal se oponen a la norma argumentando que es una medida para que el Ejecutivo "controle" a las empresas menos afines.

En el resto de los países de nuestro entorno se ha avanzado en la regulación; en Alemania desde 2022 cuenta con una ley de transparencia, que incluye un registro público de los lobbies, y contempla sanciones de hasta 50.000 euros.

Francia, a partir de 2017, empezó a obligar a los grupos de presión a identificarse en gestionado por la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública. Portugal y Bélgica tienen registros parciales, pero sin una ley integral. De momento, las directrices a nivel comunitario, establecen un registro de transparencia para los lobbies, sin embargo, no es obligatorio.