El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, sobre el procesamiento de García Ortiz: "Está siendo objeto de un ataque sin precedentes en democracia"

La sala de apelaciones del Tribunal Supremo ha rechazado este martes el recurso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra la decisión del juez, Ángel Hurtado, de enviarle a juicio por la supuesta filtración del correo electrónico en el que el novio de Ayuso reconocía que había cometido dos delitos fiscales.

El documento, que adelantó la SER, sirvió para desmentir el bulo que fabricó el Gobierno de la Comunidad de Madrid de que fue el fiscal quien había ofrecido un pacto a Alberto González Amador, cuando todo sucedió al revés. La decisión se ha tomado por dos votos a favor y uno en contra.

Félix Martín, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, ha sido preguntado sobre este tema por Pablo Tallón en Hora 25.

¿Entiende, aunque sea remotamente, la decisión del Supremo?

No la compartimos. Déjeme primero que alegue que en esa decisión hay una parte de la que nos alegramos. Se ha decretado por unanimidad que no hay ningún indicio de delito contra la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández. Hoy no va a estar contenta del todo porque se prosigue una investigación sobre otro compañero. Han sido los jueces los que han descartado que la fiscal haya cometido delito porque creen que estaba cumpliendo con su obligación. Habiendo una acusación formulada por una asociación de fiscales. Esto merece una reflexión.

Esperábamos y deseábamos que hubiéramos podido celebrar todos los fiscales el archivo de la causa para los dos fiscales implicados. Después de leer el auto, desde la Unión Progresista de Fiscales no nos podemos desdecir de lo que hemos venido sosteniendo hasta ahora. Nos cargamos de razones para seguir defendiendo lo que defendemos. Observamos que los argumentos que han llevado al procesamiento del fiscal general del Estado son especulativos y enteramente subjetivos. Los argumentos del voto particular son concretos y van al detalle, tienen en cuenta del contexto de los hechos. Confiamos en la Justicia y queremos que el voto particular triunfe con la absoluta inocencia de todos los fiscales que participaron en la cadena. Lo sosteníamos con la fiscal de Madrid y lo sostenemos con el mismo ímpetu con el fiscal general del Estado.

¿Cree que los dos magistrados que han avalado dejar a un paso de juicio al Fiscal han actuado por motivaciones políticas?

No me corresponde hacer ese tipo de valoración, me corresponde hacer una jurídica. Considero que avalan los razonamientos del magistrado instructor, que entendemos que son meramente especulativos. El Estado de derecho implica que toda persona tiene que tener la seguridad de que no va a haber un juicio contra ella solamente porque el juez tenga la legítima convicción de su autoría. No vale una autoría porque sí. Tiene que acreditarse indiciariamente que los hechos se produjeron de esa forma y solo de esa forma.

Lo dice el voto particular: no hay ningún indicio objetivo, ninguno, que señale la autoría del FGE. Lo que estamos valorando es que no puede sentarse en el banquillo de los acusados el fiscal general del Estado solo por la convicción, basada en apreciaciones subjetivas, de un magistrado.

¿Apoyan la decisión del fiscal de mantenerse en el cargo, de no dimitir?

Entiendo el debate que genera. Lo hemos pensado muchísimo. Si hoy yo pidiera su dimisión en nombre de la Unión Progresista de Fiscales, cometeríamos dos grandes errores. El primero es que, con la defensa de la verdad y la justicia en la mano, como presidente de la UPF afirmo con rotundidad que el FGE es inocente. Está siendo objeto de un ataque sin precedentes en democracia que algún día llevará a muchas personas a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en estos tiempos.

En segundo lugar, cometeríamos una gran falta con los fiscales. Con una defensa institucional de lo que la fiscalía tiene que ser en una justicia democrática. Que se mantenga el FGE en su puesto le convierte en un dique de contención frente a un desatino que colocaría a cualquier fiscal en el futuro en una posición de debilidad. Es defensa de una institución fundamental para la justicia democrática. Si me está escuchando García Ortiz, por favor, debe continuar. No por él, por todos, debe continuar.

¿Asumen que esto, en cierto modo, baja el listón de exigencia? Lo digo en el sentido de que ahora, si un futuro fiscal acaba imputado por otro delito, podría alegar este precedente... en el sentido de que dimitir sería tanto como reconocer su culpabilidad.

Cometeríamos un enorme error si no valoramos el contexto de cada caso concreto. ¿Cree que defendería lo mismo si se acusara a un fiscal general de haberse llevado dinero? Si no tenemos el contexto de lo que ocurrió, estamos desvirtuando los hechos. Lo que hizo el fiscal general del Estado fue ordenar una nota para desmentir un bulo que decía falsedades sobre la fiscalía. Si no entendemos la importancia que ese contexto tiene en el futuro para los fiscales que investiguen a los poderosos seríamos unos irresponsables.