Servinabar pagó 22.000 euros a la hermana de Santos Cerdán
La defensa del exsecretario de organización del PSOE afirma que la empresa navarra tenía contratada a su hermana y que el pago se corresponde con una contraprestación legal por su trabajo
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su salida de su domicilio / FERNANDO VILLAR (EFE)
Madrid
La agencia foral de Navarra ha remitido al juez del Supremo que instruye el caso Cerdán, Leopoldo Puente, un informe en el que en más de 600 folios analiza los datos tributarios del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, así como los de la empresa con la que le ha vinculado la UCO de la Guardia Civil, Servinabar, y los de su administrador, Joseba Antxon Alonso.
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El informe detecta que Servinabar efectuó un pago en 2020 a Maribel Cerdán, hermana del ex cargo socialista, que ascendió a 22.000 euros cuando ella ya era concejala del municipio de El Milagro, municipio del que ambos son oriundos.
En la documentación no aparece en concepto de qué fue realizado este abono. Fuentes de la defensa de Santos Cerdán explican que el pago puede obedecer a que la beneficiaria trabajó en Servinabar y los 22.000 euros se corresponderían con sus emolumentos.
Entre la documentación remitida al Supremo también figura un informe del Consejo General del Notariado y del registro mercantil que confirman que Santos Cerdán nunca fue socio de Servinabar. En su declaración ante el Supremo, Cerdán explicó que Joseba Antxon le propuso en 2015 entrar en la sociedad con la adquisición del 45% de las participaciones de la empresa por un total de 6.000 euros, pero que después de consultarlo con su pareja, el político socialista declinó el ofrecimiento y rompió su copia del contrato apalabrado con el empresario. Este no obró de la misma forma y según su testimonio, los agentes encontraron un documento que carecía de valor porque jamás se elevó a escritura pública, como ahora parecen confirmar desde el registro mercantil y el Consejo del Notariado.
La Agencia Valenciana Antifraude advierte posibles irregularidades en Ábalos
Por otra parte, el Supremo ha recibido un informe de la Agencia Valenciana Antifraude que a iniciativa propia y al detectar supuestas irregularidades, ha puesto en manos del juez las obras de la estación ferroviaria de Albal en Valencia, ejecutadas siendo José Luis Ábalos ministro de Transportes e Isabel Pardo de Vera presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). La agencia valenciana considera que existen sospechas para investigar la actuación de ambos imputados en este proyecto, ya que se produjo un sobrecoste cercano a los 800.000 euros.
Además, el juez Leopoldo Puente ha rechazado la petición de Koldo García, exasesor de Ábalos, de secuestrar sus audios y prohibir a los medios de comunicación su publicación. El magistrado lamenta las filtraciones pero recuerda que no es competente para decidir tal acción y que si Koldo considera su intimidad vulnerada, puede dirigirse al juzgado ordinario que le corresponda.
