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El PP lanza una "ofensiva parlamentaria" contra el Gobierno por avalar al fiscal general y pide la comparecencia urgente de Bolaños

El partido ha registrado en el Senado la comparecencia del ministro de Justicia ante la Cámara AltaE

Fotografía de archivo de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. / Borja Sanchez-Trillo (EFE)

Fotografía de archivo de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

El Partido Popular ha lanzado este miércoles una "ofensiva parlamentaria total" en el Congreso y el Senado contra el Gobierno por "el respaldo que sigue brindando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras avalar el Tribunal Supremo su procesamiento".

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"A tenor de esta grave anomalía democrática sin precedentes, el PP ha emprendido una acción conjunta en las dos Cámaras para exigir responsabilidades inmediatas al Ejecutivo por mantener al frente de la Fiscalía General del Estado a quien no debe permanecer ni un minuto más en el cargo, puesto que quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos", ha escrito el PP en un comunicado.

Además, los populares han pedido este miércoles la comparecencia urgente del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un pleno extraordinario para explicar el apoyo del Gobierno al fiscal general. Eplican en el comunicado que han registrado un escrito en el Congreso para pedir a su presidenta, Francina Armengol, que convoque a la Diputación Permanente -órgano que vela por los poderes de la Cámara entre periodos de sesiones- para debatir y votar esa comparecencia.

Los populares quieren que Bolaños rinda cuentas de lo que consideran "una auténtica vergüenza". En el Senado el PP ha registrado una solicitud de comparecencia urgente del ministro ante la Comisión de Justicia y una batería de 18 preguntas parlamentarias para que explique, por ejemplo, si ve sostenible que Álvaro García Ortiz continúe en el puesto y si se plantea pedir su "suspensión cautelar" cuando se abra juicio oral contra él.

Le pregunta también si considera acorde con los principios democráticos que siga cuando tiene el mandato constitucional de defender la legalidad y perseguir los delitos y si ha valorado el "descrédito que supone para la Fiscalía el estar bajo las directrices de un presunto delincuente".

 

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