Ramoneda no niega que el fiscal general del Estado deba dimitir, pero pone algo mucho más importante sobre la mesa

El fiscal general del Estado está a un paso del banquillo judicial, después de que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo confirmase este martes su procesamiento. A falta de que el juez instructor, Ángel Hurtado, dicte la apertura del juicio oral, Josep Ramoneda ha reflexionado en El Abierto de Hoy por Hoy sobre el asunto de fondo que seguiría abierto después de la dimisión de Álvaro García Ortiz.

"En circunstancias normales, el fiscal general del Estado, si está acusado formalmente de un delito, pues evidentemente tiene que dimitir", ha planteado Ramoneda. "Lo que pasa es que tenemos que ver el contexto en el que nos movemos, y este es un contexto de extraordinaria politización de la justicia, promovida por la estrategia sistemática con la que el PP intenta desde hace un tiempo llegar al poder", ha añadido.

A juicio del analista de Hoy por Hoy, "ese clima pesa" porque "las sospechas de politización de la justicia son grandes". Por eso, a su juicio, el hecho de que Álvaro García Ortiz esté procesado "le obliga a dejar el cargo" pero esa dimisión no debería distraer del tema de fondo.

"En circunstancias normales, el procesamiento le obliga a dejar el cargo, pero insisto, eso no nos impide entrar en el debate, que es un debate muy serio en este momento, acerca de los efectos que tiene la enorme judicialización de la política sobre la que está trabajando el Partido Popular y que ha convertido en su estrategia".

Cuándo será juzgado el fiscal general

El juez instructor, Ángel Hurtado, tiene que dictar el auto de apertura de juicio oral. Fuentes del Tribunal Supremo explican a la Cadena SER que esto ocurrirá, previsiblemente, después del solemne acto de apertura de tribunales en el Tribunal Supremo celebra el próximo 5 de septiembre, presidido por el rey.

Estas mismas fuentes añaden que el juicio se celebrará antes de que acabe el año. La agenda del alto tribunal apunta a que será el próximo mes de noviembre.

El calendario busca no interferir más de lo necesario en el acto que cada año acoge el Tribunal Supremo para dar comienzo al año judicial. Ese 5 de septiembre tienen lugar los discursos de la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, y del Fiscal General del Estado que presenta la memoria anual.

Un delito de revelación de secretos

Álvaro García Ortiz estará entonces a punto de enfilar el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos cometido por difundir la confesión que hizo el novio de Ayuso en un correo en el que reconocía sus delitos fiscales y pedía un pacto para evitar el juicio al que se va a enfrentar y por el que le piden casi cuatro años de cárcel.

Hurtado y dos de los tres magistrados de la sala de apelaciones consideran que hay indicios de que fue él quien filtró el documento a la Cadena SER y que sirvió para desmentir el bulo que el Gobierno que preside su pareja difundió para protegerle: que la fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador y que se había parado por órdenes de arriba.

Un magistrado ha firmado un voto particular. Dice que esos indicios que se basan en meras coincidencias temporales son "harto insuficientes" y que no hay un "mínimo acervo probatorio" de que fuera García Ortiz quien filtrara el correo.