Un año con la eutanasia paralizada en los tribunales: "No descarto suicidarme el mes que viene si no me dan la razón"

Barcelona

Este viernes, el 1 de agosto de 2025, se cumple un año desde que los tribunales lograron paralizar por primera vez en la historia de España la eutanasia de dos pacientes que tenían todos los avales médicos para recibir una muerte digna. A pesar del sí de las autoridades médicas, la alianza entre los padres de las dos víctimas y la asociación ultracatólica Abogados Cristianos ha paralizado temporalmente los dos procesos y los recursos pueden alargar durante años la toma de una decisión definitiva, sin tener en cuenta en ningún momento el dolor y sufrimiento de los dos afectados.

El caso más grave es el de Noelia, de 24 años, el primero en ser judicializado. La joven se quedó en silla de ruedas tras saltar hace años desde un quinto piso y desde entonces sufre dolores crónicos de todo tipo y vive ingresada en un hospital sociosanitario cerca de Sitges (Barcelona). Tras analizar su caso, una veintena de médicos y expertos de la Generalitat aprobaron la eutanasia, prevista para el 2 de agosto de 2024, pero el día anterior, su padre, con el que tiene una mala relación porque renunció a su tutela cuando era una niña, presentó un recurso ante el juzgado alegando que su muerte asistida era un suicidio encubierto y pidió paralizarla.

Tanto el juzgado como la Fiscalía insistieron en llevar el caso a juicio, paralizándolo temporalmente y alargándolo hasta el día de hoy. Los médicos se pusieron de su lado durante el proceso judicial y avalaron de nuevo la eutanasia, pero el caso sigue bloqueado por los recursos de Abogados Cristianos. Ahora el caso está en el TSJC, pero después pasará al Supremo, al Constitucional, o incluso a Europa, lo que puede retrasarlo años.

Los últimos informes médicos alertan de la factura que supone todo esto para Noelia: han tenido que sedarla subcutáneamente por el dolor crónico y agudo que padece, dolor neurológico insoportable que los médicos aseguran que irá en aumento y le impide incluso dormir. Todo esto, sumado a la ansiedad, la tristeza y la incertidumbre de vivir en condiciones indignas por culpa de un pulso judicial.

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El caso de Francesc

El segundo proceso paralizado por la justicia es el de Francesc, un hombre que en poco tiempo ha sufrido cuatro ictus y dos infartos. Las secuelas físicas le impiden mantener una conversación prolongada y afectan gravemente a su movilidad. Ante el deterioro progresivo de su salud, Francesc expresó a los médicos su voluntad de no seguir sufriendo. Su pronóstico no mejorará, y por eso los profesionales autorizaron la eutanasia.

Sin embargo, su padre, de 93 años, se opuso. Aunque en un primer momento la jueza rechazó el recurso del progenitor y avaló la muerte digna del hijo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio la razón al hombre en una resolución, que avanza la SER, en la que se afirma que el padre tiene legitimidad para oponerse a la eutanasia de su hijo simplemente por el hecho de ser familia, aunque mantengan una mala relación.

El proceso sigue pendiente de una vista judicial en la que todas las partes deberán pronunciarse y el juez decidirá si Francesc puede morir o no. Ha pasado un año desde que se inició el procedimiento, una eternidad para los pacientes, que desvirtúa por completo el espíritu de la ley de eutanasia. Cabe recordar que, al tratarse de un procedimiento que afecta a derechos fundamentales como la vida y la dignidad humana, debería resolverse con mayor agilidad que otros casos.

"No descarto suicidarme el mes que viene si no me dan la razón"

En los micrófonos de Hora 25, en la SER, Francesc ha relatado cómo ha vivido el primer ictus: "En el primero, no sabía qué me pasaba, después fui a un centro de día para recuperarme y me di cuenta de que no quería esto para mí". Sobre la oposición de su entorno a la eutanasia, ha explicado que "mi familia lo respetan, aunque no lo comparten. Y me parece muy bien porque cada uno es libre de decidir sobre su vida. Pero fue a través de mi padre como se presentó la demanda".

Francesc defiende que la calidad de vida debe primar sobre la mera supervivencia: "Para mi padre es vida cuando respiras, pero yo pienso diferente. La calidad de vida, para mí, es la vida".

También ha acusado a amigos cercanos de intentar frenar el proceso a través de su padre, ya que no pueden hacerlo directamente, y ha lanzado una advertencia que refleja el sufrimiento extremo que padece: "A veces tengo pensamientos suicidas, y no descarto suicidarme el mes que viene si no me dan la razón".

Ambos casos, el de Noelia y el de Francesc, evidencian cómo el choque entre convicciones familiares, ideológicas y la interpretación judicial puede convertir el derecho a una muerte digna en una carrera de obstáculos. Mientras los tribunales debaten, los pacientes siguen esperando, atrapados en un limbo legal que prolonga su sufrimiento y pone en cuestión la efectividad de una ley que nació para protegerlos.