El Consejo de Europa pide a España regular los lobbies y más recursos contra la corrupción

Madrid

Progreso desigual y falta de medidas decisivas contra la corrupción. Es la conclusión del Consejo de Europa y de su organismo de análisis anticorrupción sobre la situación en España de la materia, de rabiosa actualidad tras la explosión de los casos Koldo y Montoro.

En su último informe, el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) pide más contundencia en sus controles internos al Gobierno, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. También, que se apruebe una ley que regule la actividad de los lobbies.

El Gobierno de coalición ha sacado adelante parcialmente 16 de las 19 recomendaciones hechas por el organismo en 2019, pero desde el Consejo de Europa destacan que las implementaciones finales que se hacen de las leyes son deficientes.

La lentitud, el gran problema

La deficiencia llega por la lentitud de los procesos en dos vías. La primera, su implementación efectiva. Por ejemplo, el registro de medios parte del Plan de Acción para la Democracia de 2024 ha sido enviado al Congreso este martes, casi un año después de su anuncio. La segunda, por los largos tiempos de respuesta de la administración pública. El GRECO critica que normas útiles, como la de acceso a documentos oficiales, reformada a finales de 2023, no cumple con su propósito dados los tiempos de espera actuales.

Otro ejemplo de la lentitud con la que avanzan las medidas anunciadas es la capacidad sancionadora del Consejo para la Transparencia y la Buena Gobernanza. En los últimos años ha ganado en independencia, pero aún no puede imponer sanciones porque esa parte de sus funciones está pendiente de aprobación legislativa.

Los lobbies, los grandes olvidados

Donde no hay paliativos en el tirón de orejas del Consejo de Europa a España es en todo a lo relativo a los lobbies. El informe critica duramente que en este tema ni siquiera se haya empezado con la regulación. No se publican las reuniones de los cargos públicos con los grupos de presión ni hay regulaciones sobre las puertas giratorias.

El Gobierno intentó poner en marcha esta ley en 2023. Sin embargo, la iniciativa quedo aparcada por el adelanto electoral. Uno de los ministros en ese momento, Alberto Garzón, acabó fichando unos meses después por la firma lobista Acento —encabezada por el socialista Pepe Blanco y el popular Alfonso Alonso—. Si el Gobierno hubiera sacado adelante la ley, Garzón no habría podido firmar el contrato. Lo único que alejó finalmente al político del puesto fueron las quejas de las bases de Izquierda Unida, su organización política.

El GRECO pide que la Oficina de Conflictos de Intereses se convierta en un órgano realmente independiente y con presupuesto propio. También cree que hay que reformar el aforamiento.

Independencia policial

El informe indica también que sus recomendaciones a la Policía Nacional y la Guardia Civil se están realizando con avances muy pequeños. Porque algunas de esas indicaciones no se están realizando o porque a pesar de los cambios continúan las deficiencias.

En concreto, la Policía Nacional no ha modificado su Código de Conducta desde 2013 y no incluye una estrategia de anticorrupción interna. El GRECO también denuncia los nombramientos discrecionales. La Guardia Civil ha mostrado mayores avances, pero tampoco está en una situación óptima.

El informe sí reconoce las mejoras en los mecanismos internos de denuncia y protección de los denunciantes en ambos cuerpos, pero señala que sus regímenes disciplinarios están obsoletos.